Vista del estanque-cueva sobre el que el exconcejal construyó una terraza. / Juan Carlos alonso

Un año y 6 meses de prisión para un exedil del PP por dañar un yacimiento

Domingo Ramírez, que se conformó con la pena, deberá demoler las obras realizadas en una parcela de su propiedad en Tara y pagar 2.160 euros de multa

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Telde

El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas ha condenado a un exconcejal del PP en Telde, Domingo Ramírez Galindo, a un año y 6 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio al ejecutar obras ilegales en un solar de su propiedad en Tara que afectaron a un yacimiento arqueológico protegido por la normativa. En 2018 construyó una terraza en la parte superior de un estanque-cueva de factura prehispánica. Fue el Cabildo la institución que levantó acta de las irregularidades cometidas y la llevó a Fiscalía.

El acusado reconoció los hechos en el juicio oral que se celebró este viernes y se conformó con la pena, de ahí que se acordara entre las partes, Ministerio Público, acusación particular y defensa del acusado, dictar una sentencia de conformidad. En este tipo de resoluciones, el fallo adquiere firmeza y ya no puede ser objeto de un recurso, pero no tendrá que ir a prisión al ser la pena inferior a dos años.

Un año de inhabilitación en materia de promoción inmobiliaria

El exedil, retirado de la política activa, ha sido condenado también a demoler las obras ilegalmente realizadas y proceder a la plena reposición física de la realidad arqueológica alterada. Además, deberá afrontar una multa de 2.160 euros (12 meses a razón de 6 euros diarios) y pagar las costas procesales. La pena incluye un año de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio relacionado con la promoción y/o construcción inmobiliaria.

Domingo Ramírez, en una imagen reciente. / Teldeactualidad

Las obras fueron ejecutadas dentro del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior y Protección de Tara, concretamente en una zona de protección arqueológica incluida en el Inventario Arqueológico de Gran Canaria y en la Carta Arqueológica de Telde. Si hubiera solicitado permiso para ejecutarlas, habría precisado de un estudio de impacto arqueológico. Según el fallo, el acusado era perfecto conocedor de que ese estudio habría prohibido las actuaciones porque alteraban los restos arqueológicos del espacio.

Primera condena de cárcel por alterar un vestigio arqueológico

Aunque en el departamento de Inspección del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo aún no tienen el contenido concreto de la sentencia, valoran «positivamente que se haya producido esta condena por agresión al patrimonio arqueológico».

Fuentes del servicio entienden que es la primera pena de cárcel que se dicta en Gran Canaria por dañar un yacimiento. En ese sentido, subrayan «su valor ejemplarizante, porque pone en evidencia que el daño al patrimonio arqueológico puede tener consecuencias penales y porque, por otro lado, visibiliza el trabajo diario que se hace desde la Inspección».

Los inspectores del Cabildo actuaron ante la inacción municipal y levantaron hasta dos actas, tras dos visitas, una en agosto de 2018 y otra en diciembre del mismo año. En el servicio advierten de que es difícil calibrar los daños causados porque ese suelo no había sido excavado.