Orts, exinterventor de Telde, se expone a ser inhabilitado cuando lleva años jubilado

Orts, que fue condenado en septiembre de 2018 por la Audiencia a un año y cuatro meses de prisión y nueve de inhabilitación por, entre otros delitos, prevaricación y cohecho, se enfrenta de nuevo a la Justicia acusado de irregularidades en la concesión de fondos públicos a una persona física y otra jurídica a sabiendas de que no cumplían los requisitos para obtener ese dinero.

Esta investigación partió de una denuncia ante la Fiscalía de Más por Telde, que alertó de que el Ayuntamiento hizo abonos con cargo al fondo de financiación para el pago a proveedores a través de créditos ICO por valor de 24 millones pese a que no cumplían los requisitos. Incluían la recompra de un solar de La Mareta al empresario Ambrosio Jiménez por 13,5 millones, el abono a dos expropiados por 3,3 y las facturas a Aguas de Telde del secuestro del servicio de Parques por 8,6 millones.

En este caso, la Fiscalía llevará a Orts al banquillo por el pago a dos expropiados y le solicita a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de doce años, según el escrito de acusación.

Los hechos se remontan a diciembre de 2012, cuando Orts, en calidad de interventor del Ayuntamiento, autorizó dos pagos por valor de 2.655.634 y 1.151.583 euros a un hombre de iniciales S. N. G. y sus herederos y a una empresa, respectivamente, en concepto de precio por expropiación de terreno por parte del Consistorio mediante unos fondos que no debían destinarse a tal fin.

Y es que el crédito ICO que le fue concedido al Ayuntamiento en virtud del Real Decreto Ley 4/2012 para el mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales se tenía que dedicar al pago de créditos que ya debían haber sido incluidos en relación certificada realizada por el propio interventor.

Los fondos para esta materia con los que contaba el Ayuntamiento ascendían a 75 millones.

El Ministerio Público entiende que Orts Herrera realizó estas certificaciones «a sabiendas de que esas deudas no podían incluirse en el Real Decreto Ley 4/2012 al no cumplirse dos de los tres requisitos establecidos para ello». Por un lado, era necesario que las deudas tuvieran facturas o solicitudes de pago equivalentes y, por el otro, debía tratarse de facturas derivadas de un contrato de obra, servicio o suministro incluido en su ámbito de aplicación.

Por todo ello, la Fiscalía considera que Orts Herrera ocasionó un perjuicio para el Ayuntamiento de Telde -denunciante del presente caso- y que su proceder constituye un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.

El juicio en su contra está señalado para noviembre por el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.

Los dos pagos tienen que ver con dos expropiaciones que el Ayuntamiento tenía pendientes. Una de ellas fue a la empresa Reyal Urbis, a la que se le abonó con cargo a los créditos ICO un principal de 1,1 millones (con los intereses llegó a 1,8) por una ladera en Jinámar donde solo crece la hierba.

Esta entidad se la había comprado en los 90 a Cobasa SA, la constructora de la urbanización Eucaliptos I en Jinámar junto a la que está el solar. El PGO de 2002 la calificó de zona verde de protección y reclamó indemnización.