El Gobierno licita la zona acuícola frente a la desembocadura de Silva

La Dirección General de Pesca del Ejecutivo regional hizo pública este viernes la resolución por la que aprobó las bases que regirán este concurso, y eso, en la práctica, implica que se abre el proceso administrativo para la recepción de ofertas. El responsable del área, Carmelo Dorta, informa de que las empresas interesadas dispondrán de 3 meses para optar al concurso.

Entre las que se presentarán al otorgamiento de esta concesión figura la empresa que gestiona las 21 jaulas marinas que están frente a la Bahía de Melenara. No en vano, este concurso se inicia a instancia de esta entidad, Aquanaria SL. La Ley de Pesca de Canarias permite que el procedimiento se active por petición de una parte interesada, como es el caso. Y Aquanaria lo pide en 2020 porque, pese a que su explotación en Telde cuenta con todos los permisos y está ubicada donde en su día se le otorgó la concesión, la aprobación del Proac, que es posterior, fijó nuevas zonas de interés acuícolas y sus jaulas se han quedado fuera de ordenación, en una zona de las calificadas como prohibida.

De hecho, la disposición transitoria única del Proac contempla una salida para este tipo de concesiones que se quedan fuera y les da prioridad de cara al concurso, lo que no implica que se haga con el permiso. Lo cierto es que si Aquanaria lo consigue, trasladará sus jaulas más hacia el sur y más lejos de la costa, frente al cauce de Silva.

La Zona de Interés Acuícola GC-4 (ZIA-GC-4) tiene una superficie de 2,27 millones de metros cuadrados (2.270.322) que se extiende entre el extremo sur de la playa de Salinetas a la Puntilla del Morro Gordo, a medio camino entre Tufia y Ojos de Garza. En todo caso, el director general de Pesca, Carmelo Dorta, aclara que eso no quiere decir que toda esa superficie se vaya a llenar de jaulas. Dentro de esa área se acotan otros espacios, también fijados por el Proac en la ordenación detallada de cada ZIA. Según las bases del concurso, los que ganen la concesión la tendrán por 10 años, prorrogable dos veces, hasta 30 años, y deberán pagar un canon a partir del 3º año. Cada oferta deberá presentar proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y una solicitud de balizamiento.