Nos tacharon de 'amarillistas': la verdad sobre la gestión del Cabildo

Y queríamos analizar después de la investigación abierta por la Fiscalía y la denuncia pública de varios padres sobre el trato y la atención social que reciben sus hijos en estos centros. Muchos de ellos son personas con un alto requerimiento y deben recibir un servicio homologado a un centro sociosanitario, con un trato que debe ser exquisito, precisamente porque son personas con discapacidad intelectual que no pueden expresarse o quejarse.

Estamos hablando de la gestión de un servicio que se adjudicó hace aproximadamente un año por un importe anual de 12,5 millones de euros y una vigencia de dos años, más uno de prórroga.

El pasado 10 de octubre nos llegó una información que nos resultó alarmante. La adjudicataria había comunicado a los cuatros CADI que se suprimía el suministro de agua envasada a partir del día siguiente, afirmando la empresa que se sustituiría por el agua potable del grifo.

Inicialmente pensamos que era una noticia falsa y decidimos visitar el centro para personas con discapacidad intelectual ubicado en El Tablero, San Bartolomé de Tirajana al objeto de comprobar la veracidad de la noticia.

Nuestra sorpresa fue ver el estado tan lamentable de las instalaciones en un día con mucho calor, con una temperatura de 30º a las 9:30hs de la mañana. Fueron varios días de ola de calor y pudimos constatar que ni siquiera disponían de aire acondicionado, sino unos aparatos portátiles en algunas dependencias. Incluso el aire de uno de los salones de las casitas llevaba tiempo estropeado. En esas mismas casitas, las habitaciones son para cuatro personas, sin prácticamente ventilación porque lógicamente las ventanas sólo son abatibles por seguridad, y con unos baños antiguos, con el gresite desprendido. Y lo peor es que no se respeta ni siguiera la intimidad de los residentes.

Además, por las noches sólo cuentan con un cuidador por cada casita donde viven veinte personas.

Esos días de tanto calor las casi 80 personas entre residentes y usuarios del centro de día pasaban toda la jornada en una especie de salón de actos. Porque no podían estar en el exterior y no me enseñaron ni el gimnasio ni la cocina.

La consejera del ramo, Isabel Mena, se enteró de todo esto después de nuestra visita al centro, y parece que no le sentó nada bien. Le preocupó más que difundiéramos en qué estado se encontraban las instalaciones, los baños, las camas.., que la realidad de estos centros. Además, es significativo que antes del último Pleno fui al centro de Las Longueras y ahí ya me prohibieron acceder, siendo como soy consejera del Cabildo de Gran Canaria exactamente igual que la Sra. Mena, y hasta hoy (por ayer) no me han dado el permiso que solicitamos al Presiente del Cabildo.

Cuando un gestor político prohíbe a la oposición el acceso a unas instalaciones públicas de su competencia es porque algo tiene que ocultar, y en el Grupo Popular no pararemos hasta conseguirlo, aunque tengamos que acudir a la vía judicial para defender nuestro derecho a visitar los tres Cadi que nos quedan.

Como digo, parece que preocupó más nuestra visita al centro que la situación en que están realmente estos centros. Insisto, son personas en situación de dependencia por razón de discapacidad intelectual y con limitaciones significativas en el funcionamiento de la conducta adaptativa (prácticas sociales y conceptuales) y necesitan apoyo para las actividades de la vida diaria. Por tanto, deben disfrutar de unas instalaciones cómodas, con aire acondicionado, baños adecuados que respeten su intimidad. 400 usuarios que deben recibir un servicio y un trato exquisito, se lo merecen ellos y sus familias.

Si defendemos el Estado del Bienestar, estos centros también deben contar con el personal profesional adecuado, como establece el pliego del contrato, con unos servicios de atención medica, de enfermería, psicológica, nutricional.., y unos talleres de memoria y estimulación cognitiva, de terapia ocupacional (una sola profesional para 78 usuarios no parece que sea la ratio adecuada), terapias alternativas de equinoterapia (justo antes del Pleno el centro de El Tablero le ofreció esta terapia a cuatro usuarios, supongo que fue casualidad), natación, fisioterapia, logopedia, etc.

Por todo ello, hemos solicitado que se nos especifique por centros cómo se prestan estos servicios que contribuyen al desarrollo personal de estas personas.

A este respecto, nos llamó mucho la atención que los padres no pueden acceder al interior de cada CADI. Es como si cada uno de nosotros no puede visitar la escuela infantil o el centro de estudios de nuestros hijos.

Además, nos preocupa que algunos padres nos viniesen a visitar a nuestra oficina del PP en el Cabildo y nos contaran las denuncias públicas sobre presuntos malos tratos en el CADI de Las Longueras, cuestión que ya está investigando la Fiscalía y el Diputado del Común.

El Cabildo, a través del Instituto que gestiona estos centros, no abrió inicialmente una investigación de oficio, aunque finalmente, por la presión mediática de las denuncias, parece que si abrió una investigación interna de la que no sabemos nada. Tan sólo que lo que inicialmente era inspecciones a los CADI se transformó en visitas de una unidad técnica de evaluación que este año, según explicó la consejera, realizó 11 visitas al CADI Las Longueras. Sin embargo, hasta este momento no se ha abierto ningún expediente a la adjudicataria y, por tanto, tampoco se ha impuesto, que sepamos, ninguna sanción.

En el Pleno nos acusaron de generar alarma social y practicar amarillismo, cuando lo verdaderamente importante es saber y conocer cómo se presta realmente el servicio de atención a estas personas; cómo están las instalaciones; por qué existen denuncias de los padres que se intentan tapar; y por qué están tan molestos por el hecho de que la opinión pública conozca que este Cabildo practica tanto el oscurantismo y la falta de transparencia.

Que no se equivoquen los gestores de este Cabildo, el Partido Popular va a seguir denunciando y defendiendo por encima de todo el interés general y el derecho de estas 400 personas y sus familias. Y vamos a exigir visitar los tres centros restantes y conocer las actas de visita (que deberían ser de inspección) para comprobar que se está cumpliendo el contrato.

Cuanto más se empeñen en no dejarnos acceder y en ocultar la documentación requerida para nuestro trabajo de fiscalización y oposición, más nos vamos a seguir empeñando en denunciarlo. Se equivocan si pretenden desprestigiar nuestro trabajo, pues tenemos claro cuál es nuestra función como representantes de todos los ciudadanos: defender la calidad del servicio de atención a la discapacidad intelectual y garantizar un trato exquisito a estas personas que ni saben ni pueden quejarse.