El Supremo anula en parte las condiciones laborales de los bomberos del Consorcio

El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a la representación sindical de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en el conflicto que mantienen con la entidad sobre la jornada laboral que deben cumplir y ha dejado claro en una sentencia emitida el pasado jueves que debe ser de 37,5 horas semanales y 57 guardias de 24 horas al año, instando además al Consorcio a lograr un nuevo acuerdo de condiciones laborales «negociado, no unilateral» sin incluir previsiones propias «de lo que debería ser la normalidad».

El auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria de diciembre de 2021, que resolvió la ejecución de sentencias anteriores del Alto Tribunal sobre la nulidad de la jornada laboral de 40 horas semanales y 67 guardias anuales impuesta a los bomberos, y contra las resoluciones del presidente del Consorcio, Pedro Justo, de agosto de 2021 para materializar esas sentencias.

La sentencia anula el citado auto y parte de las resoluciones del Consorcio recurridas y señala textualmente que la ejecución de la sentencia del Supremo que anuló el acuerdo de condiciones laborales de 2014-2017 «no da cobertura para innovar las condiciones laborales en los aspectos controvertidos en términos contrarios a lo sentenciado y hacerlo sin negociación».

El comité de empresa de los bomberos del Consorcio considera que esta sentencia «declara nulos todos los efectos producidos por la norma que, en el año 2012, alteró ilegalmente la duración y tipología de la jornada» y espera que, «tras 12 años de abusos, el órgano dependiente del Cabildo se avenga a cumplir con la legalidad».

Estos hechos, agrega el comité de empresa, han provocado la denuncia que se instruye, a su vez, por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria donde se investigan presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y contra la salud de los trabajadores.

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