Un auto obliga a incluir al personal del Consorcio de Emergencias en la RPT del Cabildo
El auto es firme, condena en costas a la Administración y no admite recurso alguno | Estima la aclaración de una sentencia anterior solicitada por los sindicatos CSIF y CCOO de la Junta de Personal
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado, en un autoaclaratorio de una sentencia anterior, la obligación de aplicar al personal del Consorcio Insular de Emergencias el régimen personal del Cabildo.
La sentenciaba ya obligaba a convocar una reunión inmediata y urgente de la Mesa General de Negociación del personal funcionario del Cabildo, modificando su acuerdo de negociación colectiva para que se incluya al personal del Consorcio, «contemplando sus especificidades, al menos en cuanto a jornada laboral, turnos, permisos y vacaciones y ahora obliga a que se realice una valoración de los puestos de trabajo para su inclusión en la RPT» de la corporación insular.
El auto es firme, condena en costas a la Administración y no admite recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución original, la sentencia que aclara.
El auto de 1 de marzo estima el recurso presentado por los sindicatos CSIF y CCOO en la Junta de Personal del Consorcio y subsana el error material detectado en la sentencia de 23 de enero, sobre el que solicitaron una aclaración. El nuevo auto mantiene la sentencia anterior e incluya ahora la obligación de incluir al personal de la entidad que cubre las emergencias en 19 de los 21 municipios de la isla en la RPT del Cabildo.
La Junta de Personal reaccionó este miércoles a este auto indicando que el Cabildo lleva años sin cumplir la Ley 40/2015 de racionalización del sector público que obliga a aplicar el régimen jurídico de los funcionarios del Cabildo a todas sus entidades, fundaciones y consorcios.
«Lo curioso es que se lo aplica al Consorcio de Vivienda, Valora, fundaciones y hasta una docena de entidades, menos a los bomberos», excluidos así de derechos como la jornada laboral de 35 horas semanales y las ayudas médicas y sociales.
