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Nueva Canarias intentará parar por la vía administrativa la tasa turística de Mogán porque la consideran «ilegal, injusta y arbitraria», según denunciaron los dos ediles canaristas, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, en una comparecencia este martes en la capital grancanaria en la que explicaron las 8 alegaciones que han planteado al proyecto de ordenanza. De entrada, acusaron a la alcaldesa, Onalia Bueno, de mentir. «Dijo que entraba en vigor el 1 de enero, pero lo hará en marzo». Será de 0,15 euros por persona y día.
El partido anuncia que en cuanto se apruebe la tasa en el pleno moganero, previsto para el próximo 28 de febrero, presentarán un recurso de reposición que, en principio, y según la legislación vigente, paralizará de facto la ordenanza hasta que, al menos, sea respondido por los servicios jurídicos municipales. NC entiende que es nula de pleno derecho e intentará frenarla pese a que están de acuerdo en el fondo. «Si la tasa fuera legal, tendría el apoyo de Nueva Canarias». Es consciente de que Mogán sufre la huella del turismo.
Gabella subrayó que la clave de su oposición a esta medida abanderada por Bueno estriba en que es una «impuestasa», un impuesto a la pernoctación «disfrazado de tasa» que incumple varios preceptos legales, algunos, incluso, constitucionales. En concreto, el concejal detalló que vulnera el artículo 31.1 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley General Tributaria, que consagran el principio de capacidad económica (cada ciudadano pagará en función de sus posibilidades). Y que también atenta contra varios artículos que sustentan el principio de reserva de ley, aquellos que dejan claro que un ayuntamiento no puede crear impuestos. En ese sentido, para NC, «la impuestasa pisotea el ordenamiento jurídico».
¿Y por qué es un impuesto y no una tasa? Según Gabella, porque no tiene un hecho imponible definido, es decir, un servicio concreto, porque no se presta de manera particular al turista y porque su pago se realizaría sin contraprestación, lo que lo convierte en un tributo al uso. Para ejemplificarlo, Gabella precisó que una tasa es lo que se paga por el agua que uno recibe, un servicio concreto prestado de manera particular.
Además, advirtió que esta medida «contradice las 24 ordenanzas fiscales de Mogán» que ya regulan las tasas por esos servicios de agua, alcantarillado o residuos. Reprocha que el gobierno local se escude en un déficit de financiación de 2,7 millones para prestarlos (hay más turistas que vecinos) y que, agarrándose a eso, fije la tasa. Dado ese escenario, lo correcto, para Gabella, pasaría por revisar las ordenanzas en vigor y recalcular, por ejemplo, lo que pagan los hoteles.
El concejal criticó a los que redactaron la propuesta porque hacen «ciencia ficción administrativa» en la memoria técnica. «La alcaldesa les dijo hágase y los funcionarios hacen el pino puente con tal de hacer lo que ella dice». Eso explica, según añadió, que el informe jurídico «incluya falsedades como que estos servicios no se encuentran financiados por ninguna otra tasa o tributo».
Y el otro gran foco de su rechazo está en la arbitrariedad de la base imponible y de la cuota tributaria. ¿En base a qué criterios se fija? «En función de lo que convenga en cada momento». Gabella explica que la ordenanza menciona generalidades entre las que incluye la organización de las ferias del atún, mango o aguacate. «¿Cuántos aviones han fletado desde Noruega para que los turistas vengan a estas ferias?», ironizó, de ahí que se preguntara por qué no incluyó los voladores del Carmen o el asfaltado de las calles.
NC alegó también que la propuesta obvia a la hora de calcular los costes de los servicios la existencia de subvenciones de otras administraciones para costearlos y rechaza con firmeza que, como no tiene bonificaciones ni exenciones para los empadronados en Mogán, convierte en turistas a sus ciudadanos, que tendrán que pagar dos veces por el servicio del agua si quieren alojarse en un hotel de su municipio.
Como alternativas, Gabella sugiere a Bueno que «toque en la puerta de su amigo Clavijo» (en alusión al presidente de Canarias) y le inste a aprobar un impuesto a la pernoctación bien regulado, como el de Cataluña, una revisión de las ordenanzas fiscales en vigor en Mogán para gravar a quien más consume y el impulso de una Ley de Municipios Turísticos que les garantice una financiación adecuada.
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