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Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 12 de octubre 2022, 23:53
«Hasta tanto se resuelva el presente expediente, mantener los derechos y obligaciones de la entidad Ceisa de gestión y explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones en los que se venía desarrollando atendiendo a los títulos concesionales otorgados, girando la correspondiente liquidación del canon». Es lo que ha decidido el director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, en la polémica resolución que, según fuentes empresariales y jurídicas, abre de facto la puerta para que la cementera Ceisa pueda seguir usando en exclusiva la concesión del puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, pese a que el planeamiento insular recoge expresamente que, al vencer dicha concesión, ese enclave pasaría a tener uso turístico.
En la misma resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el director gerente de Puertos Canarios -ente autonómico encuadrado en Consejería de Obras Públicas, con Sebastián Franquis al frente-, se vincula el uso portuario con la concesión minera para la explotación de la cantera situada en Arguineguín, una concesión que se prolonga hasta el año 2046.
En concreto, la resolución recoge que «con fecha 23 de marzo de 2021, la entidad Ceisa presentó escrito (...) a través del cual solicitó la renovación/nueva concesión para la explotación de las instalaciones portuarias de Santa Águeda con base en lo dispuesto en la Ley 22/1988,de 28 de julio, de Costas, al estar amparada la concesión del puerto en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor. Dicha solicitud no fue contestada expresamente por Puertos Canarios, operando el silencio administrativo negativo. Junto con dicho escrito anexa distinta documentación, entre ellas la relativa a la concesión minera que ostenta hasta el año 2046. Contra la desestimación presunta de la solicitud, Ceisa interpuso en tiempo y forma recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4».
El pasado martes, desde Coalición Canaria su líder en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, denunció que con la resolución de Puertos Canarios se estaba prorrogando de hecho hasta 2046 el uso exclusivo del puerto de Arguineguín por la cementera. Desde la Consejería de Obras Públicas se desmintió esa versión y se acusó a CC de mentir.
Por su parte, desde instancias empresariales ya se advierte de que la resolución firmada por Puertos Canarias acabará previsiblemente en una denuncia ante la Fiscalía al entender que, como mínimo, quien la firma se habría extralimitado en sus funciones al dar una nueva concesión -cometiendo así una presunta prevaricación- y habría dado pie a esa prolongación de la concesión portuaria hasta 2046 al asumir una situación accesoria con el permiso para la explotación de la cantera. La judicialización de la resolución, si finalmente se produce, se centraría previsiblemente en esas dos consideraciones.
Como se recordará, el consejero Sebastián Franquis anunció este año que, tras un estudio por su departamento y otras dos consejerías, la cementera podría estar un plazo de alrededor de seis años en el puerto y en paralelo se negociaría su traslado a Arinaga. Sin embargo, la resolución conocida esta semana desmontaría por completo esa versión.
En todo caso, Franquis sostienen que la resolución firmada por Puertos Canarios solo supone el «inicio del expediente de una nueva concesión sobre el citado puerto que en ningún lugar establece una duración ya prevista sobre el nuevo título concesional, ni que este esté vinculado al uso industrial de manera exclusiva. Solo dice que hay que poner en marcha el inicio de una nueva concesión ante el próximo vencimiento de la actual concesión». Franquis agregó: «Y lo que es la única verdad de todo esto es que CC fue la que renovó una concesión de 30 años prorrogables a 90 años de la mina San José, vecina al puerto, una concesión que se había vencido en el año 2016». «Si CC no hubiera renovado esa concesión minera, hoy no tendríamos este debate que estamos teniendo en este momento, porque la actual concesionaria está vinculando la solicitud de la nueva concesión precisamente a la concesión de la minería que CC otorgó, en absoluto oscurantismo, sin comunicar e informar absolutamente a nadie, en 2016 y con una validez de 30 años, prorrogables hasta los 90 años».
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