Foto de archivo de locales del Anexo II de Playa del Inglés. / C7

Los propietarios del Anexo II de Playa del Inglés piden a Costas 60 años de concesión

Los 66 dueños de los 97 locales buscan regularizar su situación. La ley les reserva un derecho a la ocupación temporal del suelo de dominio público

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO San Bartolomé de Tirajana

Los propietarios del centro comercial Anexo II de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, tramitan ante la Dirección General de la Costa y el Mar, en el Gobierno central, una concesión por 60 años para la ocupación del suelo de dominio público marítimo terrestre en el que se hallan emplazados.

Los 66 dueños de los 97 locales se acogen al derecho de ocupación temporal que les reserva la propia Ley de Costas, aprobada en 1988, cuando ya estos locales llevaban años construidos en la playa. Formalmente solicitan primero una concesión por 30 años, con efecto retroactivo y que expira en 2026 y, en segundo lugar, una prórroga de otros 30 años.

La Demarcación de Costas de Canarias, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sometido a información pública el expediente en el que, recoge expresamente, se determinarán los derechos que pudieran corresponder a las personas físicas o jurídicas y entidades propietarias de los 97 locales del Anexo II, a los que cabría aplicar lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas.

En este apartado de la norma se detallan los supuestos en los que cabe convertir los derechos de propiedad de los afectados en derechos de aprovechamiento mediante concesión, que es justo a lo que se acogen los dueños del Anexo II.

Les afectó el deslinde aprobado en septiembre de 1995

Dado que tras el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1995, todos estos locales, que estaban construidos previamente, quedaron en suelo de dominio público, los propietarios quieren que se les reconozca el derecho a la ocupación temporal de ese espacio.

Muchos lo llevaban solicitando desde 1995, pero ha sido ahora cuando Costas lo ha tramitado. Además, en esta ocasión, todos los afectados hicieron la solicitud de forma conjunta y consensuada.

En principio, tendrían derecho a la concesión, pero quedarían por concretar las condiciones. Ellos han pedido que se les exima de abonar un canon y que se les permita vender y alquilar los locales, como han venido haciendo hasta ahora.