PP, Unidos y CC piden los deslindes hechos en Amurga
Tres de los cuatro grupos de oposición solicitan al Cabildo que pare la compra hasta identificar todo el suelo de dominio público de las tres fincas privadas
Tres de los cuatro grupos políticos de la oposición en el Cabildo, PP, Unidos y CC, han pedido al Consejo Insular de Aguas (CIA) que les informe de los deslindes del cauce público realizados en las tres fincas rústicas que esta corporación ha decidido comprar en Amurga por 4,06 millones de euros a 22 propietarios, entre ellos la esposa y cinco cuñados del presidente de NC, Román Rodríguez, y que en caso de que no se hayan hecho «que se den las órdenes oportunas para que se practiquen».
El escrito dirigido al CIA fue registrado ayer por Carlos Ester (PP), José Miguel Bravo de Laguna (Unidos) y Fernando Bañolas (CC) junto a otro remitido al Servicio de Medio Ambiente, al que reclaman la información de que disponga sobre deslindes de caminos reales, serventías y demás en la superficie de 4,66 millones de metros cuadrados que el Cabildo ha acordado adquirir dentro de un procedimiento restringido para fincas situadas en siete comarcas preferentes para la reforestación.
Estas demandas suceden a la moción de estas tres fuerzas políticas para que el próximo pleno del Cabildo dé al CIA las instrucciones precisas para la realización «urgente» de los deslindes del cauce público en las fincas denominadas Amurga, Umbría de Fataga y Lomo Gordo.
La moción conjunta exige que se paralice la formalización y la ejecución del acuerdo de compra adoptado por el Consejo de Gobierno el 28 de diciembre pasado «mientras no se produzcan estos deslindes».
La iniciativa de toda la oposición, menos Podemos, mantiene que al ser una adquisición patrimonial por metro cuadrado de suelo privado, y no una compra de finca como cuerpo cierto, es necesario que antes de formalizarla se determinen «exactamente, dentro de los linderos de esas fincas, cuántos metros son privados y cuántos públicos.
PP, Unidos y CC, que abogan por dejar la compra en suspenso y consideran que no debe ser una prioridad del Cabildo porque «el procedimiento adolece de numerosos defectos y el precio resultante es excesivo», reclaman que se aclare qué superficie sería de dominio público para evitar «la posible alteración del precio final de compra», y propiciar también un «ahorro para el Cabildo si resultaran ser menos los metros cuadrados privados que hubiera que pagar».
