Política Territorial lo confirma: ya no hay motivo para anular el Meloneras 2A
Avalado el acuerdo extrajudicial entre el Gobierno y Lopesan, las otras deficiencias de la modificación menor no frenarán el expediente
La consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias confirma el desbloqueo del desarrollo urbanístico de Meloneras 2A, la pieza de suelo que estuvo casi 24 años trabada en los despachos y que, tal y como está prevista, habilita cinco parcelas para hoteles de hasta siete plantas. Onán Cruz, máximo responsable de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, deja claro en declaraciones a este periódico que ya no hay motivo para solicitar la anulación del expediente de planeamiento.
El aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al acuerdo extrajudicial al que llegaron el Gobierno de Canarias y el grupo Lopesan respecto a una parcela, dentro de Meloneras 2A, que estaba afectada por una sentencia ya firme deja vía libre a la modificación menor de este Plan Parcial, que fue aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en mayo pasado.
Fueron los técnicos del departamento que dirige Cruz los que pidieron a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias que instara al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a anular la modificación menor porque mantenía como turística una parcela, la APHB-3, de 56.136 metros cuadrados, que, por sentencia firme y derivada de los efectos de la moratoria aplicada en su día a este sector, debía ser reclasificada como rústica. La ordenación propuesta no solo la deja como turística, sino que aumenta su edificabilidad y aprovechamiento.
Esa objeción técnica se produjo después de que el Gobierno y la empresa promotora de Meloneras SA, Lopesan, llegaran a un acuerdo respecto al cumplimiento de aquella sentencia, pero no bastaba. Debía ser homologado por el TSJC, un trámite que no quedó saldado hasta el auto que dictó la sección segunda de la Sala de lo Contencioso el 2 de septiembre pasado. Ambas partes pactaron que el Gobierno indemnizará a la empresa 19,3 millones de euros por los años en los que la parcela en cuestión estuvo afectada por la moratoria turística.
Según explica Cruz, en cuanto la consejería reciba formalmente esa resolución judicial, se dictará un nuevo informe en el que se dará cuenta de la nueva situación y se elevará otra comunicación a la Viceconsejería de Administraciones para que comunique a San Bartolomé que ya se desiste de aquella petición de anulación. Cruz advierte de que el expediente incluía otras deficiencias, pero todas son subsanables.
