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La tramitación del plan especial urbanístico bajo cuyo paraguas se levantará el nuevo pabellón de Infecar, en la capital, retrasa las obras de su construcción. Así quedó confirmado este viernes en el pleno del Cabildo, que aprobó el primer reajuste del gasto plurianual previsto para financiar esta infraestructura. La coyuntura obliga a la institución a reprogramar plazos y a extender su financiación de 2025 a 2026.
La consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, avanzó en la sesión que la intención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pasa por aprobar en breve el nuevo Plan Especial de Ordenación Urbanística del recinto ferial, documento de planeamiento sin el cual la obra no podría ejecutarse. Así las cosas, confía en que las obras del pabellón y del edificio de usos complementarios, para lo que está prevista una inversión de 27,8 millones de euros, puedan empezar a lo largo de 2025.
Alonso dio estas explicaciones tras los reproches del portavoz del PP, Miguel Jorge Blanco, que les preguntó si cuando autorizaron el gasto en 2022 no sabían que había que tener antes aprobado el plan especial. Alonso intentó hacerle ver que en todo momento se ha trabajado de forma paralela y coordinada con el Ayuntamiento, solo que un documento de planeamiento tiene una tramitación más lenta.
Tocó pleno del mes en el Cabildo y lo hizo amenizado por los pitos de dos protestas sociales. Familias en espera de una plaza en centros ocupacionales, aglutinados en la plataforma 'Y ahora qué hacemos', protestaron ante lo que consideran un «maltrato institucional». La presidenta del colectivo, Ruth Santana, interrumpió unos segundos la sesión para afear que sus hijos, con discapacidad y más de 21 años, sigan en sus casas un año después de que la consejera de Política Social, Isabel Mena, les prometiera soluciones. Dejaron la sesión al grito de 'Mena dimisión'. Cuando pretendía salir del edificio, Santana, fruto de la tensión, se sintió indispuesta y tuvo que ser atendida por efectivos sanitarios. También protestaron los vecinos de El Secadero, de la capital, contra el cambio en la ordenación del tráfico en la GC-110.
En la misma sesión, pero entre los asuntos de urgencia y a propuesta del consejero de Obras, Augusto Hidalgo, el Cabildo aprobó otra autorización de gasto plurianual, el que permitirá construir, por 9,4 millones,63 nuevas viviendas en alquiler social en el capitalino barrio de El Secadero. Salió adelante por unanimidad, pero no se libró de los reproches del PP, que en un comunicado tras el pleno se quejó de que esta obra ha vuelto a retrasarse. Empezará en 2025 cuando se anunció su inicio para fines de 2023.
También fue el PP el más crítico con las tres modificaciones de crédito que propuso el gobierno y que inyectan otros 4 millones de euros al presupuesto de 2024. Jorge Blanco lo acusó de ser «el gobierno más clientelar de la historia del Cabildo» y de «rozar la ilegalidad» por tantas «subvenciones a dedo», pero el consejero de Hacienda, Pedro Justo, negó la mayor y le replicó que quien ha hecho un «uso torticero e ilegal» de los recursos públicos ha sido el PP.
En todo caso, esta inyección lleva parejo cambios en el Plan Estratégico de Subvenciones que permitirán sufragar 37 proyectos de 3 ayuntamientos y 30 entidades. Entre otros, se destina un millón de euros para ampliar El Museo Canario y 934.000 euros para el nuevo edificio de Apadis, una asociación para la atención de las personas con discapacidad intelectual.
En el pleno de este viernes se dio el visto bueno a otra modificación de crédito, pero esta vez del Instituto Insular de Deportes, que ascendió a 301.881 euros y que incluye, entre otros, casi 29.000 euros para arreglar el terrero de lucha de Aldea Blanca, en San Bartolomé de Tirajana.
La sesión aprobó igualmente la anualidad de 2025 del Plan de Cooperación para los ayuntamientos y mancomunidades, más de 26 millones de euros para 56 proyectos; una moción de Vox para hacer un reconocimiento del pleno a Rafael Nadal; otra de CC para la futura rehabilitación del yacimiento de La Montañeta, en Moya; y una declaración institucional en la que el Cabildo pide a Sanidad que amplíe el grupo de edad del programa para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
Los ecos de las manifestaciones de la plataforma Canarias tiene un límite, el pasado fin de semana, se dejaron notar este viernes en el Cabildo. «En Gran Canaria tenemos casi dos millones menos de turistas que Tenerife y no existen diferencias en el PIB ni en los porcentajes de creación de empleo; por tanto, más es muchas veces menos». Con esta reflexión respondió el presidente Antonio Morales al PP, que sacó el asunto en el pleno al preguntar al consejero de Turismo, Carlos Álamo, qué acciones emprenderá en la World Travel Market de Londres para amortiguar el daño hecho al destino por las protestas.
Morales quiso ir más allá en el debate, volvió a decir que la marcha en plena zona turística fue un error porque no le hace bien a la imagen de la isla, pero también le pidió al PP que reconociera que hay datos con el actual modelo que tampoco casan bien. «Hay elementos que ni los sindicatos ni los empresarios ni las instituciones ni los partidos podemos obviar y es que tenemos los datos más bajos de los salarios del Estado español y los índices de pobreza más altos, y todo ello, con un incremento continuo del turismo, de los ingresos y las ganancias».
Así y todo, Álamo echó mano de los datos para desinflar cualquier inquietud y recalcó que Gran Canaria es «punta de lanza del destino turístico canario». Detalló que hasta agosto visitaron la isla 3 millones de personas, un 10% más que en 2023, y que su facturación es de récord, con 5.459 millones de euros el año pasado. Además, lidera el gasto medio por turista.
Morales aprovechó también que la consejera María del Carmen Rosario, del PP, preguntó por Global en el pleno para dejar claro, entre otras cosas, que, pase lo que pase finalmente con el servicio de transporte público entre municipios, «los empleados de Global no corren riesgo».
De fondo está el debate abierto por un sector del PSOE, que ha instado al Cabildo a que cree una empresa pública para que asuma el servicio una vez caduquen las concesiones administrativas otorgadas a Global y a otras cuatro empresas del sector, en 2027.
Con ello se evitaría que en un hipotético concurso el transporte de la isla cayera en manos de una multinacional. Morales le contestó a Rosario que ya se ha encargado un estudio al respecto, pero le insistió en que actuarán «sin presiones ni chantajes ni intereses partidistas».
También en la sesión de este viernes, y entre los asuntos de urgencia, el pleno del Cabildo aprobó por unanimidad varias modificaciones de crédito para el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que, en total, sumarán 8.602.180 euros.
Según el consejero del área, Miguel Hidalgo, permitirán hacer frente a problemas de abastecimiento de agua en diferentes comarcas. Las seis modificaciones contemplan diversas mejoras de instalaciones hidráulicas; la ampliación de la desaladora del sureste, cuya producción llega incluso hasta Tunte; la compra de infraestructuras para la gestión y almacenamiento de agua de la comunidad de regantes Faldas de la Atalaya; la mejora del depósito de agua de abasto en La Aldea; la mejora de instalaciones y de bombeo de aguas depuradas regeneradas en playa y puerto de Mogán; o la reparación de emergencia del emisario de San Felipe, muy dañado por recientes temporales.
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