La patronal denuncia «oscurantismo» en contratos públicos a medios propios

Seis de los 21 ayuntamientos de la isla siguen sin aportar a la Asociación de Empresarios Promotores y de la Construcción de Las Palmas la información solicitada el año pasado sobre los contratos que hicieron con medios propios en los dos últimos años, en concreto con cuatro empresas públicas: Tragsa, Tragsatec, Ineco y Aquees.

Los consistorios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Agaete, Arucas, Ingenio y Santa Brígida desoyen de este modo el requerimiento que les hizo el Comisionado de Transparencia de Canarias para entregar esa información al estimar la reclamación presentada por la patronal ante el silencio inicial como respuesta de hasta 21 de las 37 entidades locales de la provincia de Las Palmas (34 ayuntamientos y tres cabildos) a las que pidieron los mismos datos.

Tras denunciar a las 21 entidades que no habían contestado, el Comisionado estimó todas las reclamaciones de la patronal de la construcción.

Su requerimiento recordándoles que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública constituye una infracción grave o muy grave a la Ley de Transparencia en caso de reiteración hicieron que aportaran la información diez de las 21 corporaciones locales denunciadas. Otras once siguen haciendo oídos sordos.

Además de los seis ayuntamientos de Gran Canaria citados, en esa lista de once incumplidores se encuentran cuatro corporaciones municipales de Fuerteventura (Puerto del Rosario, La Oliva, Betancuria y Tuineje) y el Cabildo de Lanzarote.

María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación, denuncia «la falta de respeto a la autoridad» en materia de transparencia y acceso a la información pública que representa el silencio de 11 corporaciones locales a su requerimiento. Se trata, sostiene, de un «ocultamiento alevoso de información vital para nosotros» sobre un sistema de contratación que, a su juicio, «la administración pública, por inoperancia, utiliza en demasiadas ocasiones para sortear y bordear la legalidad y para incrementar la ejecución presupuestaria».

El importe total de los encargos realizados a Tragsa y Tragsatec entre 2020 y 2021 por los 26 ayuntamientos y cabildos de Las Palmas que han contestado a la Asociación se eleva a 15,72 millones de euros, desvela Gil, pero de los datos sobre el mismo periodo extraídos de la propia web de transparencia de Tragsa por la patronal de la construcción, referidos solo a esta entidad y que para la Asociación «no coinciden con su objeto social y por tanto son irregulares», se deduce que los encargos ascienden a 22,58 millones.

El encargo de obras y servicios a medios propios, para lo que basta tener una acción de la empresa de que se trate, «constituye una triquiñuela para expulsar a la empresa privada de la contratación pública», denuncia Gil sobre una práctica «cada vez más extendida» pese a que los encargos de obras y servicios a medios propios están limitados, recuerda, al objeto social de cada una de las entidades.

Además, lamenta las dificultades de la patronal para disponer a tiempo de la información necesaria para impugnar dichos contratos. «Cuando los publican el mal ya está hecho», señala sobre este particular.

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