Mogán quiere sacar del Puerto de Arguineguín las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo

Bueno llegó a anunciar que su propuesta es que estas embarcaciones sean trasladadas al Puerto de Arinaga, en Agüimes, pero luego, ya acabada la sesión, matizó que en realidad el destino alternativo que se fije dependerá de las necesidades operativas del servicio, que tampoco le corresponde conocerlas al Ayuntamiento.

«Lo que sí sabemos es que estas embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística del que es el puerto más rentable de la red de Puertos Canarios en Gran Canaria», subrayó para justificar su propuesta.

La alcaldesa echa mano de casos concretos y de quejas directas de las empresas que ofrecen excursiones y otros servicios a turistas y locales. «Hace unos días se vieron sin hueco para atracar en el muelle; entre las dos de Salvamento Marítimo, una patera y un velero que incautaron con droga, las embarcaciones de estas empresas, que pagan sus impuestos y que contribuyen al desarrollo económico del municipio y de la isla, se quedaron sin atraque».

Por los datos que maneja, estos empresarios afectados pagan tasas superiores a los 3.000 euros cada 6 meses, además de un euro por cada pasajero que lleven en cada una de las cinco o seis excursiones que organizan por la costa. A juicio de Onalia Bueno, dado que Salvamento Marítimo es una entidad estatal y que la gestión de la inmigración irregular es una competencia estatal, debe ser un puerto dependiente del Gobierno central el que sirva como base a estas embarcaciones y no uno perteneciente a Puertos Canarios.

Precisamente este debate surgió en el punto en el que el pleno municipal de Mogán aprobó la propuesta del gobierno local, que ostenta la mayoría absoluta, de proponer a Onalia Bueno como representante del municipio en el consejo de administración de Puertos Canarios, que es la sociedad que gestiona la red regional de muelles de la que forma parte el puerto de Arguineguín.

Acabada la sesión, Bueno avanzó que esperará a que pase el periodo estival para solicitar sendas reuniones con Puertos Canarios y con la que será futura presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, pendiente aún de ser nombrada por el Gobierno central a propuesta del Ejecutivo canario.

Además, también anunció que exigirá que en este mandato se ejecuten las inversiones previstas en Arguineguín (una de dos millones y otra de 14), pues está «absolutamente abandonado», y también en Mogán.

En el mismo pleno de este viernes se tomó conocimiento de la contestación a las 2.476 alegaciones recibidas en el trámite de información pública tras la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Mogán. La formalidad sirvió para que tanto el PSOE como NC reprocharan al gobierno que a la comisión informativa previa ni acudiese el edil de Urbanismo y para pedir un encuentro con el equipo redactor.

Onalia Bueno les recordó que tienen la información a su disposición y que consultará si esa reunión que pidieron es posible pues ya expiró el contrato con la empresa pública regional Gesplan, que fue la que respondió a las alegaciones. Por otra parte, les anunció que ahora se sacará a concurso la contratación de la empresa que cogerá el testigo de Gesplan para adaptar el PGO al nuevo Plan Insular de Ordenación (PIO) y para someterlo otros 45 días a información pública. Quiere tenerlo contratado este año.

A preguntas del PSOE y de NC, la alcaldesa explicó este viernes que será en la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO), un trámite posterior al actual, cuando el equipo redactor fijará, complejo por complejo, qué tipo de uso tendrá, residencial, turístico o mixto.

Dejó claro que esa calificación se asignará en función de los porcentajes de uso que ya contempla la ley y recordó que los que se tendrán en cuenta serán aquellos que se constate que existían antes del 1 de enero de 2017, como también se prevé en la legislación regional. Puso como ejemplo el Doñana y el Don Paco de Patalavaca. «Se les reconocerá el uso residencial».

El PGO recibió 2.214 alegaciones para pedir que se elimine la prohibición del uso residencial en zona turística, de las que 2.202 se estimaron parcialmente y 12 fueron desestimadas.