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El portavoz de CC en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, remitió un escrito ante el Tribunal de Cuentas el 27 de noviembre pasado en el que se desdice de algunas de las irregularidades que denunció en su día respecto al llamado 'congreso del lujo', un trámite con el que, según aclara el también primer teniente de alcalde, lo que ha buscado es «eximir de responsabilidad a la interventora», Tania Naya, una de las que Marichal hizo responsable entonces de lo sucedido.
El que sería el I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación Nacional, celebrado en San Bartolome de Tirajana entre el 16 y el 19 de noviembre de 2022 y financiado entre este ayuntamiento y el de Santa Lucia de Tirajana, desató una polémica a nivel nacional por su elevado coste, 500.000 euros, y por sus llamadas actividades complementarias, entre las que hubo cócteles nocturnos, fuegos artificiales, una cena de gala y un concierto de Dani Martín, artista con un caché de 100.000 euros.
En su escrito al tribunal, Marichal justifica su cambio de posición una vez ha tenido acceso a toda la documentación y a los estatutos del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, organismo al que pertenecen ambos ayuntamientos y que usaron para esta actividad.
Es por esto que, según Marichal, ahora entiende que «se ha tramitado correctamente» y que «no se incurre en las irregularidades denunciadas». Y detalla tres. Primero, la procedencia del gasto de las tres actuaciones musicales, que, por tanto, no cabe calificarlas de conciertos privados. ¿Por qué? Porque fueron al aire libre y abiertos al público, en las Dunas y el Faro de Maspalomas, usados como reclamos turísticos, de ahí que, aclara, «no se ha producido ningún desvío de fondos públicos».
Segundo, la inclusión del contrato en el objeto social del Consorcio, una fórmula que CC cuestionó abiertamente, pero que ahora observa ajustada a los estatutos. Señala que el congreso «como actividad formativa y de patrocinio turístico con un formato y características susceptibles de edición a través del propio canal de TV se encuadran en el contenido del artículo 3 de los estatutos».
Y tercero, que el Consorcio no ha efectuado pago alguno de los hechos denunciados. Dicho todo eso, y dado que entiende, por tanto, que aquellos hechos «no son constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable» y que, según añade, el Ministerio Fiscal ha pedido por dos veces el archivo de las actuaciones, CC pide apartarse del procedimiento.
Marichal aclaró este jueves que no ha retirado la denuncia ante la Fiscalía y que su escrito al Tribunal de Cuentas solo busca eximir a la interventora. Sigue confiando en que ambas instituciones continúen su investigación contra la exalcaldesa, Conchi Narváez, a la que acusa de tomar la decisión de «derrochar 400.000 euros en una fiesta privada». Así y todo, haga lo que haga CC, la Fiscalía mantiene sus diligencias.
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