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Un juzgado de Telde tiene en marcha un macroproceso con 50 investigados a los que se les atribuyen dos presuntos delitos, uno contra la ordenación del territorio y otro de falsedad documental, según confirman fuentes judiciales. Los encartados, todos en libertad, son propietarios o residentes en parcelas del núcleo de Cruz de Jerez, un populoso asentamiento entre Lomo Cementerio, Las Huesas y el barranco de Silva donde proliferan las construcciones sin permiso en reparcelaciones también ilegales en suelos no aptos para ese fin. La zona afectada sería la que linda con el barranco.
El asunto está aún en fase de diligencias previas, pero ya se han iniciado las rondas de declaraciones, con hasta cinco tandas de citaciones entre junio y septiembre de 2024. El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, antiguo mixto 6, que es el que lleva las riendas de esta macroinvestigación judicial, ya tomó declaración a 10 de los 50 investigados el pasado 17 de junio. Las siguientes tandas están programadas para septiembre.
Según fuentes consultadas, este procedimiento judicial es fruto de la llamada operación Domos, una investigación del Seprona de Gran Canaria que se inició a principios del año 2023 tras observar un incremento de construcciones en zonas donde está prohibido este tipo de uso.
En el marco de aquella indagación policial se presentó denuncia contra 136 personas de Telde, entre ellas, residentes en Cruz de Jerez, que han contribuido a crear núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios y que, por lo tanto, dan lugar a una problemática en la gestión de los residuos y accesos, porque no contribuyen con el pago de los tributos urbanos para mantener estos servicios e incurren en un agravio comparativo con los propietarios de las viviendas que sí están legalmente establecidas.
El Seprona detectó que los principales promotores de estos núcleos adquirían fincas rústicas a un precio relativamente económico porque en ellas el uso está muy restringido y después las segregaban y parcelaban en terrenos perfectamente delimitados, que luego vendían a un precio mucho más elevado con la falsa creencia de los compradores de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción.
Según el Seprona, los investigados se exponen a penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, así como a la demolición de la obra y a la reposición a su estado original, por lo que la cuantía de la sanción puede superar los 200.000 euros.
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