Vista de los terrenos en los que se ubicará Siam Park en El Veril. / Cober

Un letrado advierte a San Bartolomé de que prevaricaría si da licencia al Siam Park

Hacienda insiste en sus derechos de aprovechamiento urbanístico y el colectivo ecologista Turcón ve incorrecto el sistema de concierto escogido para desarrollar la parcela

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO San Bartolomé de Tirajana

El abogado que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara el Plan de Mejora y Modernización (PMM) de El Veril que da cobertura al Siam Park que promueve Loro Parque advierte al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de que incurriría en un delito de prevaricación administrativa si sigue adelante con el expediente y le da la licencia al parque acuático.

Francisco Javier Betancor introduce este argumento en su prolijo escrito de alegaciones presentado a la aprobación inicial del sistema de ejecución privada por concierto de esta pieza, a la propuesta de convenio urbanístico de gestión concertada y al proyecto de urbanización del sector.

Sostiene que como el recurso de casación que el Ayuntamiento presentó contra la sentencia del TSJC fue declarado desierto por extemporáneo por el Tribunal Supremo, esa sentencia es firme para el consistorio y, por tanto, sus decisiones respecto a ese expediente han quedado vedadas. Sin embargo, el Supremo sí admitió otros recursos, de ahí que el Ayuntamiento entienda que la sentencia no es firme.

El Estado dice que incurriría en causa de nulidad absoluta

Esta es la cuestión previa que presenta este letrado en sus alegaciones, que tampoco son las únicas. Entre las ya presentadas destaca también otra del Ministerio de Hacienda, a través de su delegación en Las Palmas, que advierte a la corporación tirajanera de que si estas actuaciones urbanísticas se llevan a cabo sin considerar el derecho de propiedad del Estado incurrirían en causa de nulidad absoluta.

En ese sentido, el Gobierno central insiste en lo que ya le comunicó en 2019 al Ayuntamiento: en el hecho de que como el Estado es propietario del 62,30% de los terrenos, tiene un derecho de aprovechamiento urbanístico, que habría de ser monetarizado y por el que, según le indicó entonces, l e correspondería percibir unos 11,15 millones de euros.

También alega el colectivo ecologista Turcón, que se centra en dos claves. Señala la improcedencia de seguir con la tramitación cuando el TSJC anuló el PMM en primera instancia y la «incorrecta elección del sistema de concierto al no tratarse de un propietario único. El otro sería el Estado.