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Un ciclista pasa por delante de la subestación de La Cícer. JUAN CARLOS ALONSO
El TSJC y el Supremo obligan al desmantelamiento y traslado de la subestación eléctrica de La Cícer

El TSJC y el Supremo obligan al desmantelamiento y traslado de la subestación eléctrica de La Cícer

Dos resoluciones judiciales inadmiten los últimos recursos de Endesa para mantener la instalación junto a la playa de Las Canteras

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 14 de mayo 2023, 02:00

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Una providencia del Tribunal Supremo y un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han inadmitido los recursos de casación presentados por la compañía Endesa contra la sentencia del TSJC que ratificó que la subestación eléctrica de La Cícer no está permitida por el planeamiento.

La sentencia que fue recurrida por Endesa es la emitida el 4 de noviembre de 2021. Derivaba, a su vez, de otro recurso de la eléctrica contra un fallo judicial de 2019 que ratificaba la expulsión de la subestación eléctrica de La Cícer tras confirmar el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 que negaba la posibilidad de legalizar la instalación.

La inadmisión de los dos recursos obliga a la eléctrica a desmantelar la industria que opera junto a la playa de Las Canteras desde 1928 ya que supone una ratificación de la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de octubre de 2015, que determinaba que la empresa carecía de título habilitante para la ejecución de la actividad de transformación y distribución de electricidad desde la subestación que está ubicada en la calle Secretario Padilla.

Por tanto, no queda otra que trasladar la instalación eléctrica mediante un cierre ordenado. En noviembre de 2021, el Ayuntamiento mantuvo un encuentro con la plataforma ciudadana Recuperar La Cícer, el colectivo que lleva años reclamando el traslado de la subestación, para informarles del proceso de cierre y garantizarles que el espacio que deje la subestación será de uso público.

Así son las dos resoluciones judiciales

La primera resolución en contra del recurso de casación de Endesa fue la de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En ua providencia emitida el 19 de octubre de 2022, el Alto Tribunal consideró que la resolución impugnada por Endesa era irrecurrible. «Las infracciones del ordenamiento jurídico, invocadas por la parte recurrente en su escrito de preparación del recurso, presentan un carácter meramente instrumental respecto de las normas de Derecho autonómico sobre las que gira el debate procesal de la sentencia impugnada y sobre las que se centran los esfuerzos argumentativos de concurrencia de los supuestos de interés casacional para la formación de jurisprudencia que esgrime la parte -compatibilidad de la actividad de la subestación eléctrica con la ordenación urbanística y jerarquización de ésta con el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica en la Isla de Gran Canaria» (PET-31).

El Tribunal Supremo impuso el pago de las costas procesales (mil euros) a la mercantil.

El segundo auto de inadmisión es más reciente. Lo emitió la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC a mitad de marzo del presente año. En este caso, la eléctrica alegó que la subestación era legal de acuerdo a la ordenación urbanística vigente en 2012, «pero resulta que tanto el Plan General de Ordenación de 2005 como el estudio de detalle de la parcela de La Cícer han sido derogados y sustituidos por otros instrumentos de planeamiento territorial, urbanístico y energético, no admitiendo la sentencia la superior jerarquía del PET-31, desoyendo los informes evacuados por la Consejería de Política Territorial de Cabildo de Gran Canaria y de la Comunidad Autónoma».

La Sala considera que «la alusión a una posible vulneración normativa autonómica» no puede ser motivo para fundamentar el recurso de casación autonómico.

Por eso, concluye que «no se aprecia justificada la necesidad de un pronunciamiento de la Sala especial de casación, resultando que lo pretendido es esencialmente la revisión de sus pronunciamientos, como si se tratase de una tercera instancia, para lo que no está previsto el recurso de casación autonómico».

El TSJC también inadmite el recurso que presentó la compañía Endesa e impone el abono de las costas procesales a la empresa recurrente.

«El cierre de la subestación ilegal no puede demorarse más»

Yeray Alvarado. Cober

El abogado de la plataforma Recuperar La Cícer, Yeray Alvarado, considera que, tras los dos autos de inadmisión, «el cierre de la subestación ilegal de la Cícer no puede demorarse más, y su traslado debe exigirse de inmediato por el Ayuntamiento, que desde hace años ha requerido sin recibirlo de Endesa, un plan ordenado de cierre que garantice que las instalaciones de Guanarteme se clausuran definitivamente para trasladarse al lugar que más le convenga a la ciudad, y no a la eléctrica». Defendió la postura responsable que mantiene la plataforma. «Los vecinos no pretenden que se bajen las palancas, pero sí que se defina un planning concreto para el cierre, y que comiencen a darse los primeros pasos».

«No debemos perder de vista que la actividad de Endesa en La Cícer ha contaminado el subsuelo de la parcela y la arena de Las Canteras, costando su limpieza 750.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», indicó Alvarado, «pese a la petición de los vecinos, aun no se le ha reclamado esa cantidad a la compañía eléctrica», cuya actividad ha tenido también, como otros efectos nocivos, «varias explosiones e incendios, y generar muy a menudo ruidos, vibraciones y olores en el vecindario». «Celebro que la Justicia haya confirmado en firme que Endesa debe cerrar la subestación de La Cícer, y trasladarse a otro lugar donde su actividad sea compatible con el planeamiento urbanístico y el entorno. Endesa, como cualquiera, está sometida al imperio de la Ley, y estas últimas resoluciones del TSJC y del Tribunal Supremo dejan a la eléctrica sin excusas con las que seguir explotando en la clandestinidad una actividad ilegal e ilegalizable».

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