El TSJC ratifica la incapacidad para trabajar de un cocainómano

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ratificó un fallo del Juzgado de lo Social número 9, que concedió la incapacidad permanente absoluta para el trabajo a una persona de la capital grancanaria que padecía una fuerte adicción a la cocaína que le provocó diversas patologías incapacitantes.

Hay que recordar que la sentencia de primera instancia, con fecha 14 de febrero de 2020, reconoció que el demandante debía seguir percibiendo su prestación después de que el INSS se la concediera de oficio en mayo de 2016 tras haber estado 25 años cotizando, aunque posteriormente, se la denegó tras revisarla en junio de 2018.

La Sala ahora determina que el trabajador, que contó con la dirección letrada de la abogada María Alemán, presentaba lesiones de trastorno ansioso depresivo en probable relación a la abstinencia no completa a consumo de tóxicos (cocaína) y, además, como lesiones actuales, se trataba de un drogodependiente de larga duración. Al demandante se le propuso que llevara a cabo un tratamiento de desintoxicación, pero renunció al mismo de forma voluntaria, determinándose de esta forma que el sujeto no podía realizar actividades que requirieran de atención mantenida con cierto grado de responsabilidad o que implicaran relaciones interpersonales.

Por este motivo, el varón presentó una demanda de juicio ordinario por prestaciones alegando que presentaba lesiones en probable relación a la abstinencia no completa que le generaba el consumo de cocaína, además de otras a consecuencia también de dicha drogodependencia de larga duración.

El TSJC en su resolución estima que es procedente que el demandante cuente con una incapacidad permanente absoluta para el trabajo y condena a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonar al mismo una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora que estaba cifrada en 1.582,47 euros desde el 01-07-2018.

Explica el fallo que el cuadro patológico que sufre el demandante desde el año 2014, está vinculado a su drogodependencia de la cocaína, pese a que consta su renuncia a cualquier tratamiento rehabilitador, pero la misma no puede justificar la recuperación aunque tampoco permite ignorar la dependencia. Sentado lo anterior, la Sala pone de relieve que el hecho que lo lleva a la valoración de una incapacidad permanente para el trabajo no es la enfermedad diagnosticada, «sino la repercusión que la misma tiene en su capacidad laboral, que impide el desempeño de cualquier actividad laboral».

La incapacidad total -generada por patologías que afectan a la profesión habitual del afectado pero le permiten realizar otras labores- se la concedió de oficio el INSS a este varón de 55 años y luego se la quitaron dos años después alegando que había mejorado. Por ello, recurrió y la letrada María Alemán ganó el pleito consiguiendo además un grado mayor, por lo que ahora está incapacitado de forma permanente absoluta y cobrará los 1.582 euros referidos, una cantidad calculada por su base de cotización.

La abogada María Alemán se mostró «satisfecha» por el fallo y dijo que «como ha vuelto a reiterar y expresar una sentencia, ahora del TSJC, la incapacidad para el trabajo no solo comporta padecer determinadas patologías, sino como inciden estas en los trabajadores en sus funciones o limitaciones para afrontar una jornada laboral habitual. Esto -añadió Alemán- es indiferente a la causa o motivo que origine la enfermedad, incluso como en este caso, que la persona sea un adicto a una droga y se haya negado a un tratamiento rehabilitador», manifestó.