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Los concejales Mauricio Roque y Esther Lidia Martín explican la sentencia sobre el biodigestor a los vecinos de Tenoya. C7
El TSJC anula la licencia de obra que obtuvo el biodigestor de Tenoya por silencio administrativo

El TSJC anula la licencia de obra que obtuvo el biodigestor de Tenoya por silencio administrativo

El concejal de Urbanismo aseguró que, cuando el fallo sea firme, «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria restablecerá la legalidad»

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 2 de marzo 2024, 01:00

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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con una sentencia que supone la anulación de la licencia de obra que permitió construir un biodigestor en Tenoya.

El biodigestor es un sistema de eliminación de aguas residuales y lodos para su reutilización en agricultura que se planteó sobre un estanque que formaba parte del patrimonio etnográfico de Las Palmas de Gran Canaria, según las denuncias de los vecinos.

La instalación que tanta preocupación, temor y lucha ha despertado entre los vecinos de Tenoya desde el año 2013 obtuvo vía libre para levantarse junto a las viviendas del camino viejo a Casa Ayala acogiéndose al silencio administrativo: en 2021, una sentencia determinó que el permiso tenía que considerarse como otorgado por no obtener la empresa respuesta municipal a su petición.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entendió que aunque no respondió la petición de licencia, no era posible interpretar su silencio administrativo como positivo. Y eso es lo que determina la sentencia del TSJC: «El silencio positivo no es irreversible, muy especialmente cuando el acto presunto encierra una vulneración legal, que es lo que acontece en el caso que examinamos», indica el fallo, «en el ámbito del derecho urbanístico no cabe el silencio 'contra legem' (...) en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial y urbanística».

La legislación permite que a las administraciones públicas revisar las decisiones adoptadas cuando advierten de que se ha otorgado algo ilegal por silencio administrativo.

En base a esto, el TSJC revoca la sentencia de junio de 2021 que interpretó que la falta de respuesta municipal derivaba en el otorgamiento de la licencia de obra. «La sentencia firme», argumentan los magistrados, «no examinó si el acto incurría o no en causa de nulidad por haberse otorgado facultades o derechos sin tener los requisitos esenciales para adquirirlos».

Hay que recordar que solo unos meses después de que la sentencia legalizara la infraestructura hidráulica por silencio administrativo, la Dirección General de Edificaciones y Actividades del Ayuntamiento denegaba la licencia para el reformado del proyecto inicial. Entre otras cosas, se advertía que la existencia de una planta de producción de biogás no estaba contemplada entre los usos permitidos en ese tipo de suelo.

Esa resolución fue tumbada también por los tribunales, lo que provocó el recurso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ahora culmina con la anulación de la licencia de obra.

Reunión con los vecinos

Los concejales de Urbanismo, Mauricio Roque, y del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Lidia Martín, se reunieron con los vecinos de Tenoya en la tarde del miércoles para comunicarles la decisión del TSJC, que es susceptible de ser recurrida en casación.

«Ahora mismo, no hay licencia. Ese es el estado jurídico que existe ahora mismo con el biodigestor. Hasta esta sentencia, había licencia. Con esta sentencia, no hay licencia», resumió el edil, quien apuntó la posibilidad de que la instalación acabe demoliéndose.

«Una vez firme, el Ayuntamiento procederá al restablecimiento de la legalidad alterada. Y se hará un procedimiento para restablecer la situación al punto anterior a la realización de las obras», indicó Roque. En la reunión se planteó también la posibilidad de que, adquirida la firmeza de la sentencia del TSJC, el Consistorio acometa el derribo subsidiario del biodigestor y luego cobre a la empresa los costes de la demolición, aunque todo dependerá del discurrir del proceso judicial y su resultado.

El concejal de Urbanismo insistió en la idea de que en las circunstancias actuales el biodigestor no puede ponerse en marcha.

Los vecinos agradecieron la implicación del nuevo grupo de gobierno, a diferencia del anterior, y denunciaron que cuando se llama a la Policía Local para denunciar supuestas obras en el biodigestor «pasan tres pueblos».

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