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Imagen de archivo de la entrada a la zona del Confital. C7
El TSJC ahorra a Las Palmas de Gran Canaria 38 millones de euros por El Confital

El TSJC ahorra a Las Palmas de Gran Canaria 38 millones de euros por El Confital

Una sentencia desestima la reclamación presentada por Confital Internacional, que exigía el pago de 42,63 millones de euros

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de enero 2024, 01:00

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Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria se ahorrarán 38,3 millones de euros. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por la entidad Confital Internacional (Confitalsa), que reclamaba el pago de 42,63 millones de euros por la parte de los terrenos del Confital que aún estaba en manos privadas. La resolución judicial confirma la sentencia de primera instancia, que había fijado el valor del suelo de la última playa sin urbanizar de la ciudad en alrededor de 4,33 millones de euros.

Para entender este litigio hay que remontarse al año 2004 cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Confitalsa llegan a un acuerdo para la adquisición de los 500.000 metros cuadrados de la bahía del Confital por parte de la ciudad.

Los términos de aquel convenio establecían que la propiedad cedía 450.000 euros a cambio de la entrega de un solar en la calle Pavía, en Guanarteme; y entregaba otros 50.000 metros cuadrados, en los que existía la posibilidad de tener un aprovechamiento hotelero, a cambio de recibir 150.000 metros cuadrados de suelo urbanizable. La ficha del planeamiento en vigor en aquel momento y que desarrollaba este espacio permitía la instalación de un hotel de cuatro estrellas.

El primer pago sí se materializó y Confitalsa acabó vendiendo el solar de Guanarteme a Evemarina, pero la segunda contraprestación nunca se produjo, lo que generó en la empresa el derecho a ser indemnizada, una vez declarado por parte de los juzgados que era imposible devolver a Confitalsa los 50.000 metros cuadrados en la misma situación urbanística que tenía en el año 2004, justo antes de la firma del convenio.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vs Confitalsa

Esto provocó una disputa entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Confitalsa por la discrepancia en la valoración de esos terrenos. Así, la capital grancanaria entendía que la adquisición debía costar 4.325.000 euros, mientras que la propiedad fijaba el valor de todo ese suelo en un total de 42.626.778 euros, tras rebajar una pretensión inicial de 44.500.000 euros.

Parte de la diferencia tan amplia entre la dos valoraciones se debe a la afección del suelo por parte de la Ley de Costas. La sociedad municipal de Gestión Urbanística (Geursa) advirtió en su momento que de los 50.000 metros cuadrados de superficie que aún estaba en manos privadas, alrededor de 37.000 metros cuadrados se encontraban afectados por la servidumbre de protección de la Ley de Costas y los deslindes aprobados por dos órdenes ministeriales en los años 1966 y 1968. En esa parte, lo único que se permitía era la plantación de jardines y la instalación zonas deportivas al aire libre.

La propiedad, por su parte, defendía que la totalidad de los terrenos eran edificables, algo que rechazó el tribunal de primera instancia y que ratifica ahora el TSJC. «El valor de los terrenos no puede incluir, ni cabe acoger la pretensión de que se abone como edificable el dominio público marítimo terrestre o zonas de afección inedificables», aclara la sentencia del 18 de diciembre pasado, «podemos debatir y se podía haber cuestionado los trazados o el cómputo de metros cuadrados realizado por Geursa, pero el planteamiento de los informes de parte parten de la tesis de que el terreno, y el total de los 50.000 metros cuadrados es edificable en su totalidad, y entendemos con el auto apelado, que el valor de los terrenos y la indemnización incluye el valor de aquellos que establece el informe de Geursa».

Más de 200 plazas hoteleras

Esto suponía una diferencia enorme de plazas turísticas permitidas en esa zona: 217, según Urbanismo y 442, según un informe aportado por la propiedad. Hoy esta posibilidad está cerrada por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, la repercusión económica del uso hotelero no podía tomarse como base de la valoración del suelo porque el uso turístico dependía del desarrollo de un plan especial que no se había desarrollado cuando se firmó el convenio y, además, necesitaba el visto bueno del Cabildo. «La patrimonialización y los usos previsibles exigían una (...) acomodación de lo planificado al Plan Insular de Ordenación con la intervención de otras administraciones. Pero lo que se pretende es fijar la indemnización del valor de los terrenos con lo patrimonializado a esa fecha, y no con expectativas o futuros usos que ni siquiera estaban en el patrimonio de los recurrentes porque no se habían desarrollado los planes ni aprobado las normas necesarios para permitir esos usos, y además en la ficha se establecía la afección de los terrenos a la Ley de Costas».

Tras refrendar los parámetros utilizados para fijar los costes, el TSJC desestima el recurso de Confitalsa y confirma el precio de 4,33 millones de euros determinado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 en abril de 2023.

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