La renovación de la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha abierto un escenario de propuestas divergentes en cuanto al modelo de gestión que debería regir el órgano judicial en los próximos años. María Auxiliadora Díaz Velázquez, José Antonio Morales Mateo y Miguel Ángel Parramón i Bregolat –según el orden que publicó la web del CGPJ– han presentado sus respectivos planes de actuación ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reflejando tres enfoques distintos para afrontar los retos de una de las audiencias provinciales más relevantes del país por volumen de trabajo y litigiosidad.
Las tres candidaturas coinciden en diagnosticar la necesidad urgente de modernización y de refuerzo de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero difieren en la profundidad y dirección de las reformas. Mientras Díaz introduce una visión más social y tecnológica, Morales prioriza la ampliación de recursos materiales y humanos y Parramón apuesta por una especialización funcional acompañada de medidas de coordinación interna.
La decisión final determinará no solo el nombre del nuevo presidente, sino también el rumbo estratégico que adoptará la Audiencia en los próximos años.
Más detalles
El proyecto de Díaz Velázquez también pone el foco en la transformación integral de la Audiencia Provincial, apostando por la modernización de los espacios de trabajo, la implantación definitiva del expediente judicial electrónico y la consolidación del teletrabajo en determinadas áreas.
Propone además una gestión más participativa y transparente desde la Sala de Gobierno, con medidas que refuercen la coordinación interna y el vínculo con las organizaciones sociales. La candidata subraya la importancia de formar de manera continua al personal judicial en nuevas tecnologías y derechos humanos, anticipándose a las exigencias de la nueva Ley de Eficiencia Judicial garantizando así una justicia más ágil, cercana e igualitaria.
Morales completa su propuesta con medidas orientadas a crear una nueva sección civil, impulsar la mediación en segunda instancia y garantizar una mejora de las relaciones institucionales entre los distintos órganos del sistema judicial. Defiende la necesidad de optimizar los recursos tecnológicos disponibles, especialmente en el expediente judicial electrónico, aunque sitúa la prioridad en el incremento de plazas judiciales y el fortalecimiento de la plantilla de apoyo administrativo.
Su candidatura propone una gestión basada en la eficiencia, la modernización ordenada y la adaptación rigurosa a las recientes reformas legislativas para asegurar una justicia más ágil y sostenible.
Parramón apuesta también por una transformación profunda en la estructura de la Audiencia, proponiendo la creación de equipos especializados en la tramitación de ejecutorias penales y en asuntos de familia y discapacidad, en línea con el nuevo modelo organizativo que impulsa la Ley de Eficiencia Judicial.
Su plan incluye el impulso a la transparencia, la formación continua del personal, el refuerzo de la comunicación institucional y la apertura de la Audiencia hacia la ciudadanía mediante programas educativos y jornadas de puertas abiertas, en un esfuerzo por acercar la justicia a la sociedad y mejorar su percepción pública.
María Auxiliadora Díaz: presidencia con perspectiva de género
Apuesta por una presidencia centrada en la modernización tecnológica y en la incorporación transversal de la perspectiva de género. Su proyecto propone impulsar la digitalización de los procedimientos judiciales, con una implantación efectiva del expediente judicial electrónico y el uso intensivo de medios telemáticos, como las videoconferencias. Además, plantea reforzar la planta de magistrados, especialmente en las secciones penales, y crear plazas que permitan, entre otros objetivos, especializar una sección en delitos que afecten a la infancia y adolescencia.
Díaz subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas secciones de la Audiencia, fomentar políticas de igualdad real y protección de los colectivos vulnerables, y adaptar la organización a los cambios legislativos previstos en la nueva Ley de Eficiencia Judicial.
José Antonio Morales: ampliación de la planta judicial
Propone una gestión centrada en la ampliación de la planta judicial y en la mejora de la eficiencia organizativa ante la elevada carga de trabajo que soportan. Su proyecto incide en la necesidad de crear tres nuevas plazas de magistrado en las secciones penales y reforzar la Sección Tercera civil para absorber la alta litigiosidad, que atribuye tanto a la condición insular del territorio como al peso de la actividad turística.
Morales también plantea el refuerzo de personal de apoyo mediante comisiones de servicio, la optimización de las instalaciones de la Ciudad de la Justicia y la adecuación de los sistemas de archivo documental. Asimismo, enfatiza la necesidad de aplicar correctamente los cambios normativos introducidos por el Real Decreto-Ley 6/2023 y la Ley Orgánica 1/2025, destinados a impulsar la eficiencia procesal.
Miguel Ángel Parramón: una apuesta por la especialización
Ofrece una propuesta centrada en la especialización interna y en la unificación de criterios jurisdiccionales. Su plan aboga por una reforma organizativa que permita especializar la Sección Primera en delitos contra la infancia y adolescencia, así como por la creación de una nueva sección civil y otra penal para descongestionar la carga de trabajo.
Plantea la celebración de plenos jurisdiccionales entre magistrados para homogeneizar criterios y evitar disfunciones procesales entre las distintas secciones. Considera que la carga de trabajo actual supera los estándares razonables y que la situación demanda medidas estructurales de fondo, entre ellas la aprobación de un protocolo homogéneo de tramitación electrónica interna y el fomento de buenas prácticas que promuevan una justicia más accesible y cercana al ciudadano.
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