Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
USPB interpuso un recurso contencioso administrativo para exigir el abono del complemento de productitividad aprobado en 2021
Un recurso contencioso-administrativo presentado por la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aplicación del acuerdo adoptado en septiembre de 2021 por el que se reguló el complemento de productividad de todos los empleados públicos municipales. Según el secretario general de USPB, Víctor García, la deuda del Consistorio capitalino con sus trabajadores alcanza los 11,5 millones de euros en los últimos cuatro años.
El sindicato demandó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la desestimación de su reclamación, pero no pudo dirigirse al juzgado hasta conocer el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el procedimiento iniciado por el grupo de gobierno para declarar la nulidad del acuerdo de septiembre de 2021 por el que se establecía el sistema de evaluación del desempeño y del rendimiento del personal municipal.
El posicionamiento del Consejo Consultivo se produjo a principios de julio de 2025. En el dictamen 287/2025, el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma determinó que el procedimiento municipal para anular el acuerdo de productividad no fue correcto. «La propuesta de resolución planteada, que no aclara si el objeto de la revisión de oficio es un acto administrativo o una disposición de carácter general (siendo esto último lo procedente) y que no especifica la causa de nulidad a partir de la cual proceder a la instada revisión de oficio, ha de considerarse no ajustada a Derecho, lo que no impide que esa Administración promueva un nuevo procedimiento revisor», detalla.
El Ayuntamiento trató de anular el sistema de evaluación del desempeño y rendimiento del personal municipal después de que varias sentencias dieran la razón a los trabajadores y advirtieran de que el complemento salarial, tal y como estaba formulado, no se ajustaban a los conceptos retributivos contemplados por la legislación estatal.
Por este motivo, algunos fallos judiciales reprocharon al Consistorio capitalino que generara «una expectativa retributiva en sus funcionarios y luego, consciente de que vulnera la ley, no la hace efectiva, limitándose a no contestar a las peticiones que se presentan al amparo de aquella, sin asumir siquiera la tramitación del procedimiento para la eliminación del contenido del acuerdo, esperando que sean los juzgados quienes denieguen a sus empleados públicos unas retribuciones que de ninguna manera podían cobrar».
La propuesta de anulación que emprendió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es rechazada ahora por el Consejo Consultivo de Canarias. Y su determinación es la base que utiliza USPB para reclamar, en sede judicial, el pago del complemento de productividad de los últimos cuatro años ya que se entiende que el acuerdo de 2021 sigue vigente y genera derechos.
«Son 11,5 millones de euros para todos los empleados del Ayuntamiento en los últimos cuatro años», explicó García, «en 2021 se firmó un acuerdo y el Ayuntamiento lo ha incumplido, luego intentaron hacer un expediente de nulidad para que esto no prosperara y el Consultivo lo desestimó, que era lo que estábamos esperando para poder presentar la demanda».
Cuánto cobra cada trabajador
El acuerdo regulador del sistema de evaluación del desempeño y del rendimiento para el personal municipal fijaba un marco de complementos salariales de 400 euros anuales para los trabajadores con antigüedades de entre 15 y 20 años; de 500 euros para los que acumularan entre 20 y 30 años de experiencia; y de 600 euros para los que superaran las tres décadas de trabajo.
La propuesta fue modificada en 2023, y en 2024 empezaron a llegar las sentencias que exigían el abono de las cantidades fijadas en las negociaciones con los representantes de los trabajadores públicos.
De este modo, en noviembre de 2024, la Junta de Gobierno Local adoptaba el acuerdo de revisión de oficio de la decisión que permitió aprobar el sistema de abono de la productividad. Este procedimiento concluyó, en mayo de 2025 en la propuesta de declarar la nulidad de aquel acuerdo, algo que fue rechazado por el Consejo Consultivo de Canarias y que supone el inicio de la reclamación de USPB.
