El Supremo rechaza la nulidad de la sentencia planteada por el magistrado Salvador Alba

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad planteado por el magistrado Salvador Alba contra la sentencia que lo condenó a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como autor de los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial.

Según publicó el medio Canarias Ahora, el tribunal no apreció en esa resolución ni en el posterior auto de aclaración, fechado el 13 de diciembre, «la vulneración de los derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva alegada por su defensa».

Añade que, con este auto del 15 de febrero ya son tres las resoluciones dictadas por el Alto Tribunal en los últimos meses contrarias a los intereses de Salvador Alba, que además debe pagar las costas procesales de este último incidente de nulidad tras su desestimación.

Ahora, al magistrado le resta presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional como última opción para evitar que la condena se ejecute y tenga que entrar en prisión.

Alba fue condenado por manipular una investigación penal en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que ejerció durante siete meses entre 2015 y 2016 en sustitución de Victoria Rosell, con el objetivo de dañar la reputación de su antecesora en el cargo y contribuir al éxito de la querella que contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género había interpuesto José Manuel Soria, que entonces ostentaba la cartera de Industria, Energía y Turismo en el Gobierno de España, era presidente del PP en Canarias y rival de la jueza en excedencia en las elecciones generales celebradas a finales del año 2015.

En su última intentona en el Tribunal Supremo, la defensa de Alba, ejercida por el abogado Nicolás González-Cuéllar, alegaba cuestiones que ya habían sido resueltas en resoluciones anteriores. El incidente de nulidad volvía a cuestionar la autenticidad e integridad del archivo de audio que la Guardia Civil encontró en el dispositivo con el que Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación de la reunión clandestina que el juez ahora condenado concertó en su despacho con el empresario, al que investigaba por un presunto delito fiscal, para fabricar una declaración en sede judicial que perjudicara la carrera política y profesional de Rosell.

También aducía que no se había valorado la testifical del empresario Héctor de Armas, quien fuera mano derecha de Ramírez en Seguridad Integral Canaria, acerca de la supuesta «manipulación» de esa grabación y de la intención del empresario de «chantajear» a Alba.