Sobrecarga y falta de medios en los juzgados de Violencia sobre la Mujer: «Hemos pagado agua a las víctimas»
Funcionarios y funcionarias de Las Palmas de Gran Canaria alertan de que, a partir de octubre, asumirán más competencias sin refuerzos de personal
Un grupo de funcionarios y funcionarias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria ha alzado la voz para denunciar la sobrecarga laboral, la falta de medios materiales y humanos y la presión añadida que soportan en el día a día. Su preocupación se centra en la inminente implantación de la reforma de la Ley Orgánica 1/24 de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que a partir del 3 de octubre les obligará a asumir, por ejemplo, delitos contra la libertad sexual, mutilaciones, matrimonios forzados, acoso sexual y otros supuestos, con independencia de la existencia de una relación previa entre víctima y agresor.
Los trabajadores denuncian que esta situación perjudica tanto al personal como a las víctimas, que deben afrontar esperas interminables en instalaciones insuficientes. «Hay mujeres que llegan decididas a denunciar, pero después de horas en salas sin recursos básicos. Hemos llegado a pagar el agua que le damos a las víctimas de nuestro propio bolsillo», advierte en declaraciones a CANARIAS7, Cristina González funcionaria de uno de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital grancanaria.
«Ya llevamos 18 de los 21 municipios de Gran Canaria, y ahora se suman nuevos delitos. No podemos más», resume González. Según explica, la carga de trabajo actual obliga a realizar jornadas que superan las once horas, sin compensación económica ni tiempo de descanso. «No tenemos conciliación familiar y lo que no entienden -los gestores- es que no somos máquinas sino personas», comentan las funcionarias.
A ello se le suma la ausencia de un sistema de guardias específicas, como ocurre en los juzgados de instrucción convencionales. «Si yo me quedo más horas de lo que me corresponde no se me compensa, ni a los profesionales ni a las víctimas. Proponemos un sistema de turnos para tardes, fines de semana y festivos, que evite que la víctima tenga que pasar por varios juzgados y permita reconocer nuestro trabajo y con la remuneración económica correspondiente», reclama.
Cristina González, junto a sus compañeras Idamar del Toro, Pino Tejera y Rocío Mariscal, comentan que la presión laboral ya les está generando consecuencias: «Hay tres compañeras de baja psicológica. La persona que ocupa mi antigua mesa también está de baja desde hace tiempo. Y no hablamos de ausencias de una semana, sino prolongadas».
En paralelo, el sistema judicial en Canarias experimenta cambios estructurales. El clásico concepto de 'juzgado' desaparecerá para convertirse en Tribunales de Instancia, con secciones específicas, incluida la de violencia de género. Por otro lado, destaca que está prevista la incorporación de un cuarto juzgado especializado en enero, aunque González aclara que ello no lleva apajerada la incorporación de más personal de apoyo: «La plantilla seguirá siendo la misma y la sobrecarga de trabajo no va a cambiar».
Las funcionarias insisten en que la violencia de género «no es un delito cualquiera» y reclaman a la Administración autonómica que dote de recursos adecuados a estos órganos judiciales. «No estamos tratando a las víctimas como se merecen. Ellas ya cargan con la dureza de denunciar a su pareja o expareja; no puede ser que, además, tengan que sufrir esperas interminables y un sistema saturado», concluyen.
Con la ampliación de competencias prevista para octubre y la futura reorganización en torno al Tribunal de Instancia de Las Palmas, los juzgados de violencia de género afrontan una nueva etapa marcada por el incremento de casos y la necesidad de adaptación. La gestión de estos cambios, coinciden las funcionarias será clave para garantizar tanto el buen funcionamiento de los servicios, evitar el hartazgo de los funcionarios, un cuidado de las instalciones así como la atención y trato adecuado a las víctimas.
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