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El servicio de la patineta pública sufre un nuevo frenazo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no pudo este martes dar cumplimiento a la sentencia de 2023 que anuló el encargo hecho a la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) para la gestión del servicio público de patinetas eléctricas (Sítyneta). Tampoco pudo trasladar al Pleno -el órgano competente- la orden de encomienda del servicio a Sagulpa, de modo que sigue sin subsanarse el error inicial -el encargo lo hizo un concejal y no el Pleno- que generó la sentencia condenatoria.
La tramitación del servicio -que se sigue prestando pese a que su creación fue anulada por el juzgado- debía pasar este viernes por dos comisiones en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: la de Organización, Funcionamiento y Régimen General, a primera hora, y la de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, a media mañana. Sin embargo, la propuesta del gobierno no prosperó en ninguna.
En el primer caso, la marcha de tres concejales del gobierno (Josué Íñiguez y Pedro Quevedo por causas profesionales, y Esther Martín, por motivos médicos) hurtó la mayoría al pacto de gobierno, lo que permitió a la oposición rechazar la propuesta.
Lo sucedido en la comisión de Organización hizo que el PP solicitara que se dejara el asunto sobre la mesa en la comisión de Urbanismo. La petición se sometió a la consideración de los integrantes, pero la equivocación del concejal Carlos Díaz al emitir su voto decantó la balanza hacia la propuesta del PP, con lo que el asunto quedó sobre la mesa.
El traslado al Pleno de la competencia de encargar la gestión de la Sítyneta a Sagulpa es un asunto obligado para mantener el servicio de préstamo de patinetas de alquiler ya que, en caso contrario, el sistema seguiría estando en situación de nulidad (tanto por la anulación de la encomienda de 2021 como por que la gestión era provisional por dos años) y, además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seguiría sin cumplir la sentencia de 2023.
Aquella decisión fue recurrida por el grupo municipal del PP, que acudió a la vía judicial y al que el juzgado le dio la razón en enero de 2024. Sin embargo, como un año y tres meses después, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuaba sin acatar la resolución judicial, el PP volvió a dirigirse al juzgado para exigir la ejecución forzosa de la sentencia.
Desde el Ayuntamiento se apunta que el rechazo de la comisión a la propuesta será enmendado en el próximo pleno, de forma que se pueda corregir esta situación. El gobierno municipal afea al PP su «incoherencia» por recurrir en el juzgado la gestión de la Sítyneta y votar en contra ahora de la propuesta en favor de cumplir la sentencia que les daba la razón.
Fuentes de Sagulpa explicaron que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a solicitar una aclaración al juzgado sobre los términos del cumplimiento de la sentencia ya que el servicio de Sítyneta no se presta ya de forma autónoma sino junto a la Sítycleta (servicio público de préstamo de bicicletas) a través de la aplicación Moxy.
«En cualquier caso, se llevará a pleno y se dará cumplimiento a la sentencia», prosiguieron desde Sagulpa, «para poner en marcha el servicio se optó por esta metodología replicando exactamente lo mismo que hizo el PP para encargar a Sagulpa la gestión de la bici pública». Y añaden que «sorprende que el PP recurriera solo la patineta, no la bi, cuando se hizo exactamente lo que ellos hicieron, es decir, hacer la atribución sin pasar por el pleno».
Desde el PP, en cambio, se asegura que se plantea «un expediente incompleto, apoyado en un estudio económico desactualizado, realizado en el año 2021», explicó el concejal del PPIgnacio García Marina, «ese estudio estimaba, en el peor de los escenarios, unas pérdidas de 95.000 euros. Sin embargo, la realidad ha demostrado que en 2024 el servicio arrojó unas pérdidas de 135.000 euros. Por tanto, queda claro que el estudio económico no se ajusta a la realidad actual ni justifica la viabilidad del servicio».
«Además, el concejal de Movilidad afirmó hace unos meses que ya se había dado cumplimiento a la sentencia judicial, alegando que el personal de la Sítycleta era el mismo que el de la Sítyneta cuando esto es rotundamente falso», aseguró el edil, «a día de hoy, sigue sin haberse declarado formalmente el servicio de patinetes eléctricos como un servicio público, condición imprescindible para su creación. Tampoco consta informe jurídico alguno que justifique la adjudicación directa del servicio a Sagulpa, como exige la normativa vigente».
Para el PP, el servicio se presta en un «limbo jurídico» que genera inseguridad legal. «Lo que pretendía aprobar el gobierno es nulo de pleno derecho, con todas las consecuencias que ello puede implicar», añadió, «¿por qué no hacen las cosas bien desde el principio? ¿Por qué insisten en forzar decisiones que vulneran la legalidad?».
Desde Vox, el concejal Rafael de Juan Miñón también plantó que no tenía sentido que se prestara el servicio por parte de una administración pública cuando hay empresas en el mercado que pueden asumir su gestión.
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