Sigue adelante la convocatoria de huelga y se prevé un parón mayoritario
En las islas podrían suspenderse juicios este martes como la reanudación del caso de la Gestión del Agua
Cinco asociaciones de jueces y fiscales arrancan este martes el primero de los tres días de huelga convocados en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que el paro carecía de base legal.
La huelga llega después de la concentración convocada por las asociaciones frente al Supremo, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial.
Este parón, en Canarias, podría derivar en la suspensión de juicios como el de la Gestión del Agua, que tiene previsto reanudarse este martes aunque podría no hacerlo si jueces o la fiscal se adhieren al paro.
Consideran que el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y denuncian que no responden a una demanda social ni contribuyen a solucionar los problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro. Así, el Pleno del CGPJ acordó que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, «no procede» tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Respecto a sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos. También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal «pueda causar perjuicios directos para los ciudadanos».
A pasar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la huelga, ya que consideran que se trata de «una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales».
Las convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
