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Los profesionales reclaman reunirse con el Ejecutivo para restablecer esta forma de solución de conflictos en el ámbito domésticoEl Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con sede en la Ciudad de la Justicia, ha sido interrumpido de forma sorpresiva desde el pasado 3 de abril. Según la Plataforma de mediadores/as familiares de las islas, esta medida la adoptó el Ejecutivo debido a la falta de funcionarios, por lo que el servicio no se puede ejecutar.
El Servicio de Mediación Familiar Intrajudicial, detalla esta parte, lleva años «colaborando» con la Viceconsejería de Justicia del Gobierno canario, desarrollando «labores de información sobre esta forma de solución de conflictos en el ámbito familiar».
Lo hacen a través de las Sesiones Informativas de Mediación, las llamadas SIM, que se realizan todas las semanas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. Ahí llevan a cabo «las mediaciones que se solicitan desde los Juzgados de familia, bien por propia iniciativa judicial o a petición de las partes implicadas», aclara la plataforma. Estiman que esta vía de la mediación «ofrece la posibilidad de una solución amistosa y consensuada, que refuerza los lazos familiares y evita la judicialización en muchos casos crónica, de los desavenencias y rupturas familiares».
La mediación familiar «es una ayuda eficaz en los momentos y situaciones más difíciles por los que puede atravesar una familia», añaden, sobre todo cuando hay que «tomar decisiones sobre el cuidado y la crianza de los hijos o sobre el reparto de los bienes comunes». Estas situaciones se caracterizan porque en ellas «los ánimos, las culpabilidades, los miedos en definitiva, impiden o dificultan una visión clara de las verdaderas necesidades, y es aquí donde los mediadores familiares ejercen su papel de figura neutral y utilizando los conocimientos de su formación, facilitan y guían a las partes favoreciendo que éstas, recobren su valía y capacidad, para llegar a entendimientos en los que todos ganan».
Ante la suspensión de este servicio, la Plataforma de mediadores/as familiares de las islas ha solicitado una reunión con la Viceconsejería de Justicia, «aportando además distintas propuestas de mejora» en el servicio, todo ello con el objetivo de «beneficiar a la población y en especial a las familias que se encuentran en procesos de ruptura, separación o divorcio así como en procesos de atribución de guarda y custodia y otras circunstancias relativas a los menores».
Creen firmemente en que la mediación «contribuye a mejorar las relaciones familiares, por lo que nos preocupa que la suspensión del servicio se alargue y con ello se produzca un efecto desincentivador hacia este recurso de indudable valor social», todo ello acentuado por la sobrecarga actual de «procesos judiciales y excesiva judicialización de la vida familiar». La suspensión sine die de este servicio «va a ahondar más si cabe en el agravamiento de este problema». Por ello, reclaman que la Administración «actúe cuanto antes y se restablezca este servicio de mediación familiar intrajudicial».
La Viceconsejería aún no ha respondido a la pretensión de los solicitantes de una reunión para reanudar este servicio.
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