Las sanciones por ruidos nocturnos se multiplican por cuatro en los últimos dos años en la capital

De acuerdo a los datos ofrecidos por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, respecto a la actividad del servicio de Actividades Clasificadas, la evolución ha sido la siguiente: en 2019 se formularon 284 denuncias y se impusieron 20 multas; en 2020, las denuncias se quedaron en 201 pero las sanciones subieron hasta las 47; y en 2021, el dato volvió a subir a las 307 y, en cuanto a sanciones, a 78.

La evolución de las denuncias de la Policía Local, aportadas por el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, también muestran un aumento que refleja la tensión entre el ocio y el descanso. Así, en 2018 fueron 198 denuncias por ruido; en 2019, fueron 143; en 2020, 124; y en 2021, un total de 225.

El número total de colaboraciones de la Policía Local con Actividades Clasificadas es de 1.500 en los últimos cuatro años. El edil detalló que la mitad de los casos se concentra en la zona de Farray y Joaquín Costa, en el entorno de Guanarteme.

Los datos fueron ofrecidos por el grupo de gobierno en dos intervenciones que se produjeron a instancias del Partido Popular y con las que se supo que, en estos momentos, los dos sonómetros que tiene la Policía Local y el tercero, del que disponen los funcionarios de Actividades Clasificadas, están inoperativos porque deben ser calibrados.

«No se hacen mediciones porque no tenemos sonómetros, ni la Policía Local, ni nosotros los tenemos calibrados», reconoció el concejal de Urbanismo. Ya se han iniciado los trámites para validar las mediciones de los tres aparatos.

En todo caso, desde el Ayuntamiento se insiste en que no siempre es necesario el uso de estos dispositivos porque se puede sancionar a los locales si se comprueba que no tienen doble puerta o que no se utilizan limitadores en los equipos de sonido.

Las comparecencias generaron un intenso debate sobre el papel de la Policía Local en estos casos. El concejal de Seguridad explicó que «el ruido que se genera en los locales de ocio es responsabilidad de Actividades Clasificadas y la Policía Local se encarga de la calle cuando está sobre el terreno». Aún así, añadió que los agentes colaboran con Actividades Clasificadas dentro del marco legal autonómico, lo que excluye las mediciones de ruido. «Pero la labor inspectora la tiene que hacer un inspector y, en Canarias, los policías no son inspectores» expuso, «hay comunidades autónomas en las que a la Policía si se le reconoce alguna competencia inspectora».

Entonces, lo que hacen los agentes es levantar un acta cuando detectan algún incumplimiento. «Además muchas de esas denuncias, incluso algunas que terminan en un precinto, no necesitan de una medición porque si el local tiene las puertas abiertas, ya se enfrenta a una sanción grave«.

Sin embargo, para el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, el problema del ruido en la ciudad estriba en la falta de medios y de dirección política. «Si la Policía Local no tiene herramientas, ni hace mediciones, y si nadie en el Ayuntamiento tiene las herramientas para constatar los incumplimientos en materia de ruidos, ni tenemos inspectores de noche, entonces pasa lo que pasa», expuso.

En su opinión, se podía tomar el ejemplo de otras policías locales, que sí realizan estos controles. El edil lamentó que este gobierno empuje a los vecinos a judicializar el asunto «porque se sienten abandonados por el Ayuntamiento».

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, solicitó al Ayuntamiento que se «tome en serio el problema» y recordó que el Diputado del Común envió una resolución que exigía al Consistorio que hiciera las comprobaciones in situ. «Están dejando que el problema se enquiste».

Por su parte, el viceportavoz de Coalición Canaria, David Suárez, también cree que los vecinos «no tienen el respaldo del Ayuntamiento en materia de ruidos» y advirtió de que el origen de estos problemas no siempre está en los locales, sino también en concentraciones de personas que se prolongan hasta altas horas de la noche, como se está produciendo en Mesa y López.

El concejal no adscrito José Guerra requirió información respecto a las motivaciones jurídicas en que se establece la determinación de que los policías no hagan mediciones de ruidos. Y planteó que se habilitara una unidad específica para este problema.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, puso como ejemplo las sanciones impuestas a locales como La Pequeña Habana (1.500 euros) o La Florida (15.000 euros) pero lamentó que la tramitación de los expedientes sancionadores resulta muy larga. «El procedimiento en España es muy garantista de cara a los locales», se quejó, «si se produce un cambio de titularidad o de nombre ya tenemos que empezar de nuevo el expediente porque así lo exige la ley».

Cuando se recibe una denuncia, se tramita, se abre un periodo de alegaciones, se va al lugar para comprobar que existe ruido, se formula una propuesta de sanción (en caso de que sea procedente), se da audiencia al afectado y se resuelve el expediente.

Lo dijo en respuesta a la intervención de la concejala no adscrita Beatriz Correas, quien se extrañó de que el procedimiento de sanción a La Pequeña Habana haya concluido con 1.500 euros «cuando los vecinos llevan denunciando esta situación desde hace años».

Doreste también informó de que se ha contratado a una empresa especializada en medición de ruidos de la calle Isla de Cuba y la plaza de los Betancores, en Guanarteme, que es la zona que más quejas está provocando por parte de los vecinos.

«Esto va a determinar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y la influencia del ocio nocturno y otras posibles fuentes de ruido», detalló.

En estos momentos ya se están colocando los medidores en las luminarias. Y se tomarán registros durante los próximos seis meses.

Si finalmente se considerara necesario, se aplicaría un plan de acción en materia de contaminación acústica para esa zona concreta.

Sin embargo, Sabroso entiende que no hace falta esperar tanto. «Existe un marco normativo más que suficiente para actuar, desde la reducción de horarios hasta la suspensión o limitación de actividades», expuso.