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Teresa, ante la marea de papeles oficiales, trámites y facturas pendientes que siente que la ahogan. COBER
«No sé cómo salir de este pozo»

«No sé cómo salir de este pozo»

Casablanca 3. Teresa Rodríguez se reconoce en un callejón sin salida debido a su precaria situación económica. Pide ayuda para salir adelante y «seguir luchando por mi hijo»

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 4 de julio 2021

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«Estoy en el fondo de un barranco y no sé cómo salir de este pozo». Así describe Teresa Rodríguez la situación límite en la que se encuentra debido a su precaria economía. Esta vecina de la Urbanización Mestisay, en el barrio capitalino de Casablanca 3, no es la primera vez que denuncia públicamente los problemas que afronta al no contar con más ingresos que la paga que recibe su hijo, un chico que el próximo 16 de julio cumplirá 35 años y que tiene reconocida una discapacidad del 94%.

Teresa reconoce estar en un callejón sin salida, pues la falta de recursos le impide hacer frente a los pagos del alquiler, la comunidad y los suministros de la vivienda en la que reside «hace casi 24 años» y las deudas se van acumulando mes a mes, «porque si pago una cosa no pago otra y es que no puedo sola».

Reconoce que ha recibido ayuda de la asistenta social del Ayuntamiento capitalino en forma de dinero para la compra de comida y también de su parroquia.

Le han denegado el ingreso mínimo vital y sigue a la espera de una nueva valoración del PIA de su hijo

Además, señala que ha llegado a un acuerdo con Visocan para ir abonando las facturas más antiguas que adeuda. Señalar también que desde el departamento de comunicación de la empresa pública se ha asegurado a este periódico que Teresa no va a perder su casa por esos impagos que acumula debido su delicada situación personal.

Pero este vecina de Casablanca 3 explica que está «apurada por los recibos» y necesita ayuda para tratar de ponerse al día «y no deber nada a nadie».

Apunta que el hecho de que su hijo dependa totalmente de ella la tienen atada de pies y manos, pues le impide «caminar y buscarme la vida y seguir luchando por él». Y es que afirma que está en el paro «desde 2006» y «en el pasado he rechazado trabajos para poner atender a mi hijo».

De ahí que haya solicitado que se revise el Programa Individual de Atención (PIA) a las personas con discapacidad con el objetivo de retomar el «respiro familiar» del que disfrutó su hijo desde octubre de 2020 al 5 de abril de 2021, periodo en el que estuvo en régimen interno en el CAMP San José de Las Longueras, en el municipio de Telde. Un centro al que sigue acudiendo de lunes a viernes, «pero solo de día, y donde come, pero a las tres vuelve a mi casa», donde hace el desayuno y la cena. Algo que, afirma, le imposibilita encontrar una ocupación que le reporte un ingreso que mejore su economía. «Más que sea acompañar a alguna persona mayor o hacer algunos recados», indica.

Dice que esta queja la tramitó a través del Diputado del Común, que solicitó información a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno del Canarias. La respuesta del organismo autonómico fue una carta en la que se informaba de que «el retraso en la tramitación de la nueva valoración» del PIA se debía «a la acumulación de tareas que sufre el Servicio de Dependencia» y a la existencia de «expedientes de tramitación» con solicitud de entrada previa a la Teresa, fechada el 2 de octubre de 2020.

Asimismo, se recoge en el escrito, que firma el director general de Dependencia y Discapacidad, que tal y como establece el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza».

Al mismo tiempo, se reseña que «la carga de trabajo y el retraso acumulado referido, no nos permite realizar una estimación de la fecha de resolución del procedimiento».

Así que Teresa sigue aguardando una respuesta a su solicitud al tiempo que ha recibido otra mala noticia, la denegación a su demanda de la prestación de ingreso mínimo vital por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La causa que se esgrime en la carta que se le ha remitido es «formar parte de otra unidad de convivencia». Algo que esta vecina de la capital grancanaria no entiende, pues «yo solo vivo con mi hijo y puse que yo estaba divorciada».

Ante este panorama, Teresa pide una mano para salir de este círculo vicioso en el que se encuentra, pues no hay mes en el que no se vea apurada. «En junio pagué la comunidad, hice un poco de compra, también compré las cosas de aseo de mi hijo para el centro y pagué un recibo de la casa de 45 euros y el del agua. Me falta la funeraria, que son 10 euros al mes», dice para detallar sus gastos. Pero asegura que este julio que acaba de empezar tampoco será fácil de afrontar «porque al niño se le rompieron las monturas de las gafas y el día 12 lo llevo al oculista, a ver por cuánto me va a salir».

Señala, además, que este mes su hijo solo irá dos semanas al centro, con lo que los gastos de comida subirán. Dice que sabe que «hay gente que está peor que yo», pero sueña con el día en que mejore su situación. «Cuándo será el día que yo me vea desahogada», plantea esta madre que no sabe «cómo salir del paso».

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