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Los vecinos culpan al Ayuntamiento de los incumplimientos de aforos y horarios. Arcadio Suárez
Las Palmas de Gran Canaria

Ruiz de Alda reivindica su derecho al descanso

Vecinos del Edificio Arriaga exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una solución a los problemas de ruidos y molestias que sufren por las terrazas que ocupan la vía peatonal, que denuncian no cumplen aforos ni horarios

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de enero 2024, 01:00

«Nos dijeron en su día que la calle se iba a convertir en un bulevar, pero al final las terrazas se han hecho con todo el espacio», denuncian los residentes del Edificio Arriaga sobre la ocupación que hacen del espacio público las mesas y sillas de los negocios de restauración ubicados en el lado del inmueble que da a Ruiz de Alda -una de las cuatro calles hacia las que mira esta edificación-, en el tramo entre Galicia y Veintinueve de abril, que se incluyó en la peatonalización que se acometió en 2014 hasta General Vives.

Apuntan que, solo en ese lateral de un edificio que suma en su conjunto 48 viviendas repartidas en tres plantas, se contabilizan 13 establecimientos que explotan su correspondientes terrazas, a los que se suman otros cinco en el otro lado de la vía. Una circunstancia que aseguran se traduce en problemas de ruidos, humos y sobre todo de accesibilidad.

Explican que algunos de los locales ni siquiera están preparados para la actividad que desarrollan en la actualidad, ya que en su origen fueron establecimientos dedicados al comercio. Algo que afirman perjudica también a los vecinos pues «no tienen la instalación adecuada» y se dan casos en los que «el humo de los locales sale por las luminarias de las casas» que se encuentran sobre ellos.

Las personas que se reconocen afectadas por esta situación relatan que han presentado un escrito al Ayuntamiento dirigido a la alcaldesa Carolina Darias, al que adjuntaron «más de 250 firmas de apoyo», en el que detallan «los ruidos y molestias» que soportan. Un documento con fecha 7 de diciembre del que aún aguardan respuesta.

Pero aclaran que no es la primera vez que ponen en conocimiento de los responsables municipales una problemática que dicen ha ido a más con cada nueva apertura de negocios de restauración.

Inacción municipal

Así, exponen que ya en 2019 se tramitaron quejas «por parte de comuneros» a las que siguieron otras en los meses de marzo, mayo y noviembre de 2021. «Reclamaciones que no han merecido la más mínima atención ni respuesta por parte de ese Ayuntamiento», lamentan unos ciudadanos que ven en este modo de actuar una «flagrante e incontestable dejación y abandono de funciones» por parte de la corporación capitalina.

Relatan los afectados que el problema de ruidos que se registran «desde el miércoles o jueves hasta el domingo» y que provocan los clientes de estos negocios y las acciones de montaje y desmontaje de sus terrazas es de tal calibre que ven condicionado su descanso al horario de la actividad. «No podemos ni abrir las ventanas si queremos descansar», dicen sobre una realidad que es especialmente gravosa para quienes deben madrugar, trabajar y estudiar, incluido menores, pero que recalcan afectan al conjunto de vecinos.

Añaden que padecen estas molestias por «la falta de control del Ayuntamiento», que «es el primero que no cumple con la normativa», pues dicen que los negocios «exceden el espacio» que tienen asignado para ocupar «y los horarios establecidos», salvo una pastelería.

Accesibilidad y seguridad

Las personas que relatan el modo en que ven alterada su convivencia inciden en los problemas de accesibilidad que se generan y en que la seguridad puede quedar en entredicho.

«Toda la calle de extremo a extremo la ocupan las terrazas, por lo que no se puede pasar por el centro», reseñan. Por eso, remarcan que más allá de los inconvenientes que esto supone para los residentes, el verdadero dilema se plantea para los servicios de emergencia y los sanitarios.

Ponen como ejemplo de lo que plantean el hecho de que, ante la imposibilidad de que una ambulancia acceda hasta los domicilios, «sacan a las personas en camilla, donde todo el mundo las ve, y la ambulancia en la esquina esperando porque no hay una mesa que se retire».

Una situación que también creen condicionaría la respuesta de los bomberos «en caso de que algún local se incendiara por la poca accesibilidad que hay».

Imagen tomada por los afectados que denuncian que los negocios se han adueñado del espacio. C7

Y es que otra cuestión relativa a la seguridad que les preocupa es que «cada local tiene un promedio de tres o cuatro bombonas de gas almacenadas en sus respectivos frontis».

También apuntan que los maceteros de la calle han ido desapareciendo. «Solo han dejado uno en el centro porque se han retirado para ganar más espacio y los árboles que se plantaron en su día se los cargan al poner las sombrillas de las terrazas y porque echan el agua sucia de haber fregado», señalan.

«Hemos perdido nuestro derecho al descanso», exponen unos afectados que reivindican sus derechos como ciudadanos que cumplen con sus obligaciones impositivas y que aseguran ven devaluarse su propiedad.

Por eso exigen una solución y anuncian que, en caso de que esta demanda no sea atendida, piensan «seguir hasta el final», como hicieron en su día los vecinos de Joaquín Costa, que reconocen «nos han abierto el camino y que obtuvieron una sentencia favorable del Supremo».

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