Otra reclamación por un contrato nulo en Las Palmas de Gran Canaria: 5,23 millones de euros
El Ayuntamiento autoriza el ejercicio de acciones judiciales ante el recurso de la empresa, que reclama el abono de los trabajos de conservación de vías y aceras
La ciudad se enfrenta a otra reclamación millonaria derivada de la situación de nulidad de uno de sus contratos. En este caso, se trata del servicio de mantenimiento de vías, calzadas y aceras, por el que la empresa encargada -una unión temporal que forman Ecocivil, Electromur y Electronic Trafic- reclama el abono de los servicios que ha prestado en las calles de Las Palmas de Gran Canaria por un valor de 5,23 millones de euros más los intereses correspondientes.
La empresa presentó una reclamación de cobro de esa cuantía en los juzgados después de que su petición de abono, presentada ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en abril de este año, no hubiera obtenido respuesta. La reclamación de la mercantil es contra el silencio administrativo desestimatorio, después de que hubiera pasado tres meses desde la presentación de la solicitud por parte de la unión temporal de empresas.
Ante estos hechos, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, emitió un decreto el jueves pasado por el que autorizó el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en el recurso interpuesto por la unión temporal de empresas en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4.
Otras reclamaciones millonarias
Debido a la situación de nulidad en que se encuentra el contrato público de servicios de conservación de calzadas, aceras, playas y zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria, el pago de las facturas se ha resuelto bien por la vía judicial, bien por la vía administrativa, y siempre recurriendo a la modificación de crédito para poder incluir los pagos en los presupuestos municipales.
El último caso fue en mayo de 2025, cuando se dio luz verde al pago de 397.355 euros solo en concepto de intereses. Este mismo año ya se ordenó habilitar una bolsa de 8,19 millones de euros por las facturas emitidas entre enero de 2023 y abril de 2024; y en 2024, se articularon dos operaciones de abono por 6,94 y 10,45 millones de euros respectivamente.
También se habilitaron pagos en 2023 por valor de 11,55 millones de euros; y en 2022, en una cuantía de u nos 700.000 euros por revisión de precios en los servicios prestados entre mayo de 2013 y agosto de 2018, en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Sin contrato desde 2018
El contrato que ahora está en situación de nulidad fue adjudicado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2012. Se optó por hacer el encargo a dos empresas: una era Velasco Obras y Servicios, que se encargaría del lote 1: distritos Centro y Vegueta-Cono Sur-Tafira); y la otra fue la unión temporal de empresas que formaron Lumican-Ecocivil Electromur, al que se el encomendó el mantenimiento de calzadas y aceras del lote 2, el que incluye los distritos de Ciudad Alta, Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya e Isleta-Puerto-Guanarteme, así como el lote 3, que es el que conforman las playas de Las Canteras y El Confital, así como las calles que parten de sus respectivos paseos.
Aquel contrato tenía una valor de 16,61 millones y su duración era de cuatro años.
Tras dos prórrogas, que extendieron la vigencia del contrato a los años 2017 y 2018, más una ampliación forzosa que alcanzó hasta agosto de 2018, el servicio entró en situación de nulidad.
Por eso, el Ayuntamiento intentó que las adjudicatarias mantuvieran el servicio ya que su experiencia y su disponibilidad de maquinaria y personal así lo aconsejaba, al menos hasta que el Consistorio pudiera tramitar una nueva licitación y adjudicar el servicio nuevamente.
Sin embargo, Velasco renunció a seguir y el Ayuntamiento eligió a Ecocivil Electromur/Lumican para que asumiera también el primer lote. Esta empresa aceptó y en diciembre de 2023, Lumican fue absorbida por Electronic Trafic.
El Consistorio inició entonces la licitación del concurso, pero en 2019 un recurso provocó la interrupción del proceso. En 2020 se intentó otra vez con idéntico resultado. En 2021 se inició un nuevo procedimiento, pero no dio tiempo a concluir el expediente. Y ahora mismo está en preparación el nuevo concurso, que saldrá con un valor estimado de 38 millones de euros y una duración de cuatro años más un quinto de prórroga.
