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Las Palmas de Gran Canaria trabaja en un censo de edificios con uralita

Las Palmas de Gran Canaria trabaja en un censo de edificios con uralita

La ley, aprobada en 2022, daba un año a los municipios para realizar un inventario de bienes públicos que contengan amianto

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de enero 2024, 01:00

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El Ayuntamiento adquirió este martes el compromiso de elaborar un censo de bienes públicos que contengan amianto con el fin de catalogarlos, realizar un diagnóstico de su estado y planificar su retirada.

El compromiso incluye también el mantenimiento de la colaboración que se mantiene con el Cabildo de Gran Canaria, que elabora un censo insular de viviendas con uralita (desde bidones a planchas) y que, en diciembre de 2022, tenía inscritas un total de 2.888 casas.

El compromiso municipal es fruto de un acuerdo entre el Partido Popular, que presento una moción en este sentido, y el grupo municipal de gobierno (PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos), que solicitó la retirada de la petición de que se actualizaran los contratos vencidos para la gestión de los residuos peligrosos.

Aparte del acuerdo entre todos los grupos municipales, el Consistorio también está obligado a realizar el inventario en función de la legislación. Así lo recuerda la moción que defendió este martes la concejala María Mas, cuando apuntó que «la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular dispone, en la disposición adicional decimocuarta sobre instalaciones y emplazamientos con amianto, que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable».

Los vertidos incontrolados de amianto se sancionan con multas de entre 30.000 euros y 60.000 euros.

La concejala del PP advirtió de que el precepto legal de contar con un censo de edificios públicos con amianto sigue sin cumplirse. «Ese año ha sido claramente sobrepasado y otros municipios sí lo han publicado cumpliendo la normativa. Por ejemplo, Oviedo lo aprobó en julio de 2023, y Oviedo es un buen ejemplo en materia de gestión de residuos que deberíamos seguir en muchos aspectos», recoge el texto de la moción aprobada este martes, «en definitiva, nuestro ayuntamiento debe emprender esta tarea empezando por analizar la situación de los numerosos inmuebles de titularidad municipal. Por otro lado, también se producen vertidos ilegales en entornos urbanos y rurales y hay que comprobar si hay presencia de fibrocemento en tuberías de abastecimiento de agua».

La concejala recuerda que muchos elementos de amianto presentan un nivel de deterioro tan avanzado o han llegado al fin de su vida útil, con lo que suponen un riesgo de emisión de fibras que no solo son tóxicas para el medio ambiente sino que además representan un grave problema de salud para las personas.

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