Las Palmas de Gran Canaria deberá pagar 14,51 millones por el suelo que ocupó en Las Coloradas hace décadas
El TSJC reconoce a la Comunidad de Bienes Isleta Alta el derecho a ser indemnizada por la ocupación del espacio por la vía de los hechos
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contra el que cabe la preparación de un recurso de casación, obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a indemnizar a la Comunidad de Bienes Isleta Alta con 14,51 millones de euros por la ocupación de parte de sus terrenos en Las Coloradas. En concreto, se trata del espacio en el que hoy están el campo de fútbol, el antiguo colegio, el viejo palmeral y el aparcamiento de un restaurante.
La Comunidad de Bienes Isleta Alta es la propietaria de una superficie de 43 hectáreas en Las Coloradas que aparece inscrita en el registro de la propiedad como la finca 12.486.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ocupó, por la vía de los hechos y sin cobertura jurídica alguna, alrededor de 30.487 metros cuadrados para construir viales, el campo de fútbol de Las Coloradas (que se inició en 1989), los espacios libres -también aquel año- y el antiguo colegio, que se construyó a fines de los años 70.
El Consistorio entendía que ese suelo debía ser una cesión obligada de la propiedad por estar al servicio del barrio, que se generó sin ordenación previa. En aquel momento, en 1989, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria valoró el suelo deportivo (9.188 metros cuadrados) y el educativo (5.664 metros cuadrados) en 13,78 millones de pesetas de la época (unos 240.000 euros actuales) y en 8.496.000 pesetas (150.000 euros de hoy). Pero aquella tasación no fue reconocida por nadie.
Aquella ocupación de un suelo privado generó un largo procedimiento de reclamación por parte de la propiedad.
En el año 2002, la Comunidad de Bienes Isleta Alta exigió al Ayuntamiento el pago de una indemnización por la adquisición de un terreno por la vía de los hechos consumados.
Sin embargo, la Corporación municipal no respondió al requerimiento de la propiedad. Esto hizo que la Comunidad de Bienes Isleta Alta presentara un recurso que iba en un doble sentido: en primer lugar, que se declarara ilegal la ocupación de su suelo; y, por otro lado, que se reconociera su derecho a la devolución de los terrenos o, en su caso, a una indemnización.
En aquel momento se aportó una valoración de la propiedad que se fijó en 11,48 millones de euros, a lo que había que sumar los intereses legales.
Como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desestimó el recurso, se inició entonces una pugna judicial que culminó en noviembre de 2006 con el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC: la ocupación de parte de la finca de la Comunidad de Bienes Isleta Alta por parte del Ayuntamiento no se ajustó a derecho pues se hizo por la vía de hecho y sin seguir los procedimientos legales establecidos. El Alto Tribunal impuso al Consistorio el «cese inmediato de la vía de hecho y a que se restablezca físicamente la realidad alterada y transformada, con desmantelamiento de lo instalado y restitución de las cosas a su estado primitivo, y con reconocimiento del derecho a una indemnización de daños y perjuicios por ocupación temporal de la finca, en la superficie que se señala por el perito en el informe pericial, de 17.486,50 metros cuadrados».
La superficie objeto de la indemnización quedó reducida porque no quedó acreditado que la ocupación alcanzase los 27.000 metros cuadrados que entendía la propiedad.
A principios del año 2021, en el auto que el tribunal emitió en un incidente de ejecución de sentencia, se redujo la superficie afectada. Y en diciembre de 2022, el TSJC declaró la imposibilidad de ejecutar la sentencia de 2006, «ya que la totalidad de los terrenos que debían ser restituidos se encuentran calificados como dotacionales en el vigente Plan General, calificados como Deportivo, Espacios Libres, Cultural y Viales, por lo que deberían ser objeto de expropiación».
Por este motivo, se impuso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la obligación de pagar una indemnización sustitutoria. La fijación de la cuantía quedó fijada en el auto del TSJC que fue dictado en marzo de 2025 y dado a conocer este miércoles por parte del concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola.
El Alto Tribunal determinó que la superficie a considerar finalmente era de 24.487 metros cuadrados. Por ella, la propiedad pedía 28,18 millones de euros; y el Ayuntamiento la valoraba en 3,12 millones de euros.
Finalmente, el TSJC determinó que el precio que tendrá que pagar la ciudad por este suelo de Las Coloradas será de 14,51 millones de euros.
El pago «lo vamos a hacer cuanto antes, nos vamos a poner al día porque el grado de litigiosidad que ha tenido y tiene este ayuntamiento no es soportable». Spínola realizó estas declaraciones en una respuesta al PP, que solicitó explicaciones por las grandes cantidades de intereses de demora.
70 millones en ocho años
El PP, a través de la concejala Olga Palacios, denunció que se había producido «un incremento significativo en el número de resoluciones que hacen referencia al pago de intereses de demora en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria». Así, citó que en 2024 se pagaron 3,4 millones de euros por este concepto; y que en el periodo comprendido entre 2016 y 2024, se abonó un total de 70,12 millones en intereses de demora. «Una cantidad que podría haberse destinado a inversiones y mejoras en servicios públicos si se hubieran evitado dichos retrasos en los pagos», expuso la edila.
Ahí fue donde Spínola enarboló el auto de los 14,5 millones de euros, que vinculó con el mandato de José Manuel Soria (PP), a lo que Palacios respondió que no todos los intereses de demora proceden de la gestión del Partido Popular. «La mayoría no puede ser de esa etapa, ustedes llevan ya diez años en el Ayuntamiento», argumentó.
Al margen de la discusión política, el retraso en el pago de las sentencias está generando un problema serio en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La directora general de la Asesoría Jurídica, Tatiana Quintana, emitió una comunicación el pasado 20 de mayo en el que ponía de manifiesto que se había detectado «importantes incidencias por el reiterado incumplimiento del deber de ejecutar en plazo las sentencias firmes dictadas contra esta Administración, especialmente en lo relativo al abono de cantidades reconocidas por los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo». Y también advirtió que «esta inactividad ha motivado que, mediante diligencias de ordenación, varios órganos judiciales requieran a este Ayuntamiento la manifestación de bienes y derechos no afectos al servicio público, como paso previo al embargo».
Así consta en una instrucción que emitió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el pasado 29 de mayo, por la que se ordena a los centros gestores municipales que prioricen la gestión de los requerimientos de ejecución de sentencias, autos y otras resoluciones judiciales sobre el resto de procedimientos.
También se aclara que si los centros gestores tienen varias sentencias, deberán priorizar las que son firmes y las de ejecución forzosa. Además, la alcaldesa especifica que si el centro gestor no dispone de crédito para hacer frente al pago, deberá iniciar sin demora la modificación de crédito necesaria para obtener los fondos y pagar la deuda.
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