El pacto cierra la Casa del Migrante y obliga a trasladar el reparto de comida

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, Isabel Alfaro, ha denunciado que hace dos semanas el Ayuntamiento cambió la cerradura de la Casa del Migrante, el local que gestionan en Don Zoilo, de modo que interrumpió toda la labor de asesoramiento que presta a las personas que están en trámite de regularización de su situación administrativa, así como el reparto de alimentos. «Cambiaron la cerradura sin avisar y no nos dijeron que lo iban a hacer», explica la portavoz del colectivo.

«Luego el concejal Prisco Navarro (Participación Ciudadana) nos dijo que había mandado una documentación en la que se decía que iba a cerrar el centro desde agosto», prosigue Alfaro. A fines de ese mes, y con el objetivo de proteger a las personas mayores por tratarse del colectivo más vulnerable ante la Covid-19, el Ayuntamiento cerró los centros sociales municipales.

Sin embargo, desde la Casa del Migrante no se entiende que se les incluyera en esta medida. «Esto no es un centro de mayores sino un lugar donde ayudamos a personas a realizar los trámites administrativos para regularizar su situación», expone la presidenta de la Casa del Migrante, «se ha perdido citas que teníamos con la Policía porque no hemos podido acceder a la documentación».

La presidenta de la Casa del Migrante entiende que haya que extremar las precauciones, pero defiende que se abra el local porque «durante toda la pandemia hemos cumplidos los protocolos sanitarios y de seguridad, y no hemos tenido ni un solo caso de coronavirus». «¿Esto es racismo? No sé», se pregunta Isabel Alfaro, «lo cierto es que nunca hemos tenido quejas de vecinos, al contrario fue un vecino el que nos advirtió de que nos habían cambiado la cerradura». No se entiende en la Casa del Migrante esta decisión. «El Ayuntamiento nos está arruinando porque interrumpe los trámites y dificulta la alimentación», culmina.

Desde el grupo municipal de gobierno no se quiso ofrecer ninguna explicación respecto a la denuncia de la Casa del Migrante, que sigue siendo un dispositivo municipal.

El viceportavoz del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, suplicó al gobierno municipal que «empiece a apoyar de una vez a las entidades de reparto de alimentos ante la situación de emergencia social que atraviesa la ciudad y que el alcalde y sus concejales se niegan a reconocer».

Sabroso lamentó que el reparto de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados «estuvo a punto de no poder producirse, ya que este colectivo no pudo acceder al local que el Ayuntamiento les había cedido hace casi tres años en el Barranquillo de Don Zoilo».

En este caso el local costó unos 70 euros y permitió salvar la situación sobrevenida para esta entidad de reparto de alimentos, pero no es la única situación similar que se produce. El transporte de los alimentos hasta ese lugar también tuvo un coste económico sufragado directamente por el colectivo social. «Esta realidad se vive semanalmente en muchos de nuestros barrios sin que haya reacción alguna por el PSOE local que gestiona el Ayuntamiento», dijo el edil, «en diciembre se planteó una iniciativa de apoyo a las entidades de reparto de alimentos, y la respuesta del tripartito fue que no era su responsabilidad».

A juicio del PP, el grupo de gobierno «sigue errando en sus prioridades» mientras el municipio acumula más de 80.000 personas que se encuentran en desempleo o bien afectados por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE). «Estamos ante momentos muy duros en los que todas las prioridades deben reorientarse hacia la reactivación económica y la ayuda social mientras ésta llega», dijo Sabroso.

La federación recuerda también que el Ayuntamiento se niega a reintegrarles los 4.000 euros que invirtieron en la celebración del día del migrante, cuyos permisos fueron anulados por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.