Nayra Cabrera: «El lenguaje jurídico debe ser un puente, no una barrera»
La directora del Centro Dúo dice que con equipos especializados se puede hacer que las sentencias sean comprensibles para los neurodivergentes
«Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, Pedro. Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas». Así se dirigió la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Gloria Poyatos a un niño de diez años de edad con trastorno del espectro autista (TEA), mediante un voto particular. Su actuación se basó en la Ley Orgánica 5/2024, que establece que «los actos y comunicaciones procesales se redactarán en lenguaje claro, de forma sencilla y universalmente accesible, para que sus destinatarios comprendan el objeto y las consecuencias del acto procesal comunicado».
Una medida que la educadora social y directora del Centro Dúo, Nayra Cabrera, valora como «excelente» desde el punto de vista legal, aunque advierte que el texto resultó «con una mirada infantilizada». Con 25 años de experiencia en intervención familiar, mediación en procesos de separación y trabajo con menores, Cabrera cuenta con estudios de especialización en habilidades sociales y mediación familiar. Ha desarrollado su labor en diversos entornos educativos, y es colaboradora habitual en espacios de formación y divulgación para familias y profesionales del ámbito psicosocial.
El proceso judicial se inició tras la evaluación inicial que estableció un grado de discapacidad del 15% para Pedro, según el informe técnico de la Consejería de Derechos Sociales y Diversidad del Gobierno de Canarias. La familia rechazó esta valoración y llevó el caso a los tribunales. La primera sentencia les dio la razón y elevó la discapacidad hasta un 45%. La administración recurrió, pero el nuevo fallo volvió a favorecer al menor. Fue entonces cuando la magistrada Poyatos presentó un voto particular defendiendo la adaptación del lenguaje jurídico hacia un enfoque más humano y comprensible para personas vulnerables.
Para Cabrera, «aprender a hablar jurídico es como estudiar otro idioma», pues «no resulta accesible para la mayoría, ni siquiera para adultos sin formación legal». Por eso valora la iniciativa de Poyatos, que intentó simplificar la sentencia para que el menor pudiera entenderla, evitando los tecnicismos habituales.
Sin embargo, aunque reconoce la buena voluntad, Cabrera considera que el texto «tiene un tono excesivamente infantil» y alerta de que no queda claro si el niño entiende su diagnóstico o si se le ha informado adecuadamente. Además, pone en duda afirmaciones que se aprecian en el voto particular como que «tiene amigos» o «estudia mucho», porque «no sabemos si eso es cierto».
El caso de Pedro subraya la necesidad de evitar generalizaciones al tratar a personas con trastornos del neurodesarrollo. En estos casos, se emplea el término «neurodivergente» para referirse a una condición que no debe confundirse automáticamente con una discapacidad.
Alternativas
Algunas personas usan pictogramas, otras se comunican verbalmente; unas no toleran el contacto físico, mientras que otras lo buscan. Es un universo complejo, explican desde el Centro Dúo, que añaden: «La gente suele asumir que el TEA es una discapacidad, cuando en realidad es una diferencia en el funcionamiento cerebral, no un defecto».
Por ello, Nayra Cabrera defiende que el lenguaje judicial debe ser más accesible, especialmente para quienes tienen necesidades especiales. Facilitar la comprensión de las resoluciones no debería ser la excepción, sino la norma, siempre con el respaldo de profesionales especializados. «No basta con que exista una ley que permita el lenguaje adaptado: es imprescindible aplicarla correctamente», insiste. Situaciones como la de Pedro evidencian la urgencia de contar con equipos expertos que actúen como intermediarios entre la justicia y las personas que requieren apoyo adicional. «Estos profesionales deben interpretar los informes y traducir las intenciones del juez a un lenguaje claro y ajustado a cada necesidad», añade.
Las percepciones sobre estos casos suelen partir de ideas preconcebidas que reflejan opiniones personales más que las verdaderas exigencias de cada individuo. Ese juicio previo, cargado de estereotipos, puede ocultar las necesidades reales. Por eso Cabrera insiste en la colaboración interdisciplinar, especialmente en sentencias sensibles como esta.
«No es necesario que los jueces dominen las particularidades de la comunicación aumentativa y alternativa», explica. «Para eso están los intérpretes de lectura fácil, los especialistas en comunicación adaptada y los profesionales que conectan la sentencia con el destinatario».
Desde el Centro Dúo valoran simbólicamente la iniciativa, aunque puntualizan que ni el enfoque ni el mensaje fueron del todo adecuados en este caso. No obstante, lo consideran un paso hacia una justicia más cercana, sin barreras técnicas o idiomáticas que excluyan a quienes más apoyo requieren en nuestra sociedad.
Este tipo de acciones refleja una creciente «conciencia profesional», aunque advierten que el miedo a cometer errores a veces provoca una sobreprotección que diluye el mensaje esencial.
