Miguel Hernández, nuevo fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo
Accedió a la carrera fiscal en 2010 y optaba al cargo tras la vacante dejada por su predecesora, Clara Serrano Pardá
El fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, ha designado como delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía Provincial de Las Palmas a Miguel Ángel Hernández González tras la propuesta realizada por la fiscal jefa provincial, Beatriz Sánchez Carreras.
A esta plaza, que estaba vacante tras la renuncia de su anterior responsable Clara Serrano Pardá, se habían presentado tras la convocatoria del pasado 16 de mayo, los fiscales Ricardo de Mosteyrín Sampalo, Miguel Pallarés Rodríguez y María Micaela Martín Arenas, además del referido Miguel Ángel Hernández González.
El nuevo delegado accedió a la carrera fiscal en el año 2010 y su primer destino fue en Lanzarote, donde estuvo adscrito a la sección de Delitos Económicos. En 2013 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para desempeñar funciones en la Sección Civil y continuó integrando la sección de Delitos Económicos. Ahí se especializó en derecho concursal. Además, es miembro de la Comisión de Ética del Ministerio Fiscal desde marzo de 2025.
Hernández fue propuesto a la FGE por la fiscal jefa provincial «al estimar su idoneidad para el cargo por formar parte de la sección de delitos económicos, lo que le ha permitido adquirir experiencia y conocimiento particular en materia tan ligada a la especialidad como la prevaricación urbanística», destaca el decreto de nombramiento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El «interés» de Hernández «por la especialidad quedó ya patente cuando asumió voluntariamente el despacho de los asuntos relativos a la misma en el periodo comprendido entre julio de 2024 y enero de 2025 en el que la plaza a la que ahora opta estuvo vacante», destacando este documento «el acierto y la calidad de sus escritos de acusación».
Igualmente, resaltó «el hecho de su participación como fiscal en el conocido como caso Valka» seguido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, un asunto cuya tramitación comparte con el fiscal delegado de la Fiscalía especial contra la corrupción y criminalidad organizada, Javier Ródenas, «a partir de la querella interpuesta de forma conjunta por ambos».
«Estas dos especialidades resultan fronterizas y participan de perspectivas jurídicas y operativas fácilmente trasvasables de una a otra», añadió. Unos «factores» que, según su parecer, operaron «en favor del candidato propuesto, sin que se conozcan motivos que permitan desautorizar o contradecir dicha valoración».
