Un equipo de trabajo de Desalojos Express durante la recuperación de una vivienda que estaba ocupada. / C7

La mediación es el principal arma de las empresas de desocupación

El aumento de okupas en las islas ha propiciado el protagonismo de empresas profesionales en esta materia como Desalojos Express

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El fenómeno de la ocupación en España ha traído consigo de forma paralela la proliferación de empresas que se encargan de todo lo contrario, es decir, recuperar los inmuebles de forma rápida u eficaz evitando así largos procedimientos judiciales. En Gran Canaria además, ocupación de viviendas creció más de un 50% el año pasado al amparo de la pandemia de la Covid-19, con relación al mismo periodo del año anterior, posicionándose como el cuarto territorio de España en el que más ha crecido el fenómeno okupa solo por detrás de Ceuta (+200%), Huesca (+100%) y Girona (+68%) en 2020.

Para dar respuesta a este problema, los empresarios grancanarios Carmelo Molina, Jonathan Vázquez y Raúl Vizcaíno fundaron hace un año Desalojos Express, una marca que forma parte del Grupo Power (Power 4 Control y Power 7 Seguridad) y se ha consolidado como los líderes de este sector en las islas. «La idea nació con la llegada de la pandemia, que disparó el número de ocupaciones y la creciente demanda de estos servicios provocó que nos dedicásemos de forma más específica a esta actividad», relataba Carmelo Molina.

Desde su creación, han participado en la desocupación legal de más de 70 inmuebles en un año, desde casas individuales hasta urbanizaciones enteras. Tuvimos que trabajar en un complejo de 16 viviendas en El Parral –en el sur de Gran Canaria– y la mediación duró una semana aproximadamente hasta que en agosto pudimos recuperarlas. Había cerca de 80 personas dentro, se generaban mucha peleas entre los propios okupas e incluso hacían una colecta para arreglar la piscina», recordaba Vázquez.

La forma de trabajar de Desalojos Express «cumple con todas las garantías legales», detalla Raúl Vizcaíno: «Nosotros siempre estudiamos las situaciones personales que pasan las personas que están ocupando los inmuebles y, tras ello, llegamos incluso a ayudarles a buscarles casa, darles ayudas para el alquiler, hacerles compras... Cada caso de desalojo lo tratamos de forma individual porque unos tienen unas necesidades u otras», explica.

Para ellos, la mediación con el okupa es el 95% del trabajo y la llevan a cabo bajo la supervisión de su equipo jurídico. Hay otras situaciones en las que se enquistan las conversaciones y nosotros como empresa, llevamos adelante la propia reclamación judicial para así «evitar trámites engorrosos a los clientes».

En general, cuenta estos expertos en el sector de la seguridad, «suele haber mucha colaboración aunque nos encontramos de todo, hasta casas en las que llegamos y había una plantación de marihuana. Tratamos con las personas y les ofrecemos vías de solución para recuperar la vivienda de forma consensuada».

Desalojos Express, además, tienen una vía fluida de colaboración con numerosas ONG «con las que tratamos casos concretos de okupas que necesitan ayuda y hasta hemos llegado a alquilar casas para ellos o adelantarles dinero para pagar las fianzas. También tratamos con ayuntamientos, todo con el objetivo de que la desocupación no sea traumática para ninguna de las partes», explican.

El modus operandi de esta empresa está perfectamente estudiado. El propietario del inmueble paga una cantidad y con ese dinero se negocia con el okupa. « No hay unas tarifas concretas porque cada caso es totalmente diferente», advierten.

En el peor de los casos y cuando la mediación no es efectiva, instalan un control de acceso. «Lo primero que hacemos es, si se trata de un edificio, firmamos un acuerdo con la comunidad de propietarios y nos facilitan la instalación del control de acceso. Los vecinos nunca se han negado porque los okupas, en líneas generales, suelen ser problemáticos ya que no pagan comunidad, agua, luz y demás», narran.

Una vez llegan al inmueble, «solo permitimos el acceso al mismo a las personas autorizadas por los propietarios» como forma de presión para que el okupa «medie con nosotros y devuelvan la propiedad de forma totalmente legal. Incluso, formamos a nuestro equipo para aprender técnicas de mediación y de cómo afrontar estas situaciones que requieren conocimientos legales, mucha experiencia y psicología».

La empresa ofrece «un servicio integral para el propietario antes, durante y después del desalojo de la propiedad para evitar que se la vuelvan a okupar. Una vez recuperada, les ayudamos en la redacción de nuevos contratos de alquiler, colocación de alarmas, puertas antiokupas y todo tipo de sistemas de videovigilancia», añade Molina.

La competencia en este sector ha ido creciendo y, lamentablemente, « la mayoría de las empresas que se encargan de esta tarea son de servicios y no tienen autorización legal para llevar a cabo controles de acceso y al final nos tienen que contratar a nosotros para la de seguridad. Hay mucha piratería en este sector», exponen como queja estos profesionales de la desocupación.

Imagen de una de las actuaciones de esta empresa. / C7

Hay mafias organizadas que piden hasta 8.000 euros al propietario

Los técnicos de Desalojos Express se encuentran con todo tipo de situaciones aunque las más comunes son las que protagonizan los «okupas profesionales» que tienen esta actividad como medio de vida.

«Hay muchísimos. Nos encontramos con colonias de italianos, rumanos y también locales que están profesionalizados. A algunos los vemos en una vivienda y esperan a que lleguemos para alcanzar algún acuerdo económico y luego, okupar otra con el mismo propósito», reseña Vázquez.

Incluso, añaden, «venden los muebles y electrodomésticos de las viviendas ocupadas. Los okupas organizados han llegado a pedir al propietario hasta 8.000 euros por abandonar una casa y lo amenazan de que, cada día que pase sin que les paguen, van a dejar en peores condiciones la vivienda. Aquí hay mafias organizadas para okupar y ganar mucho dinero», desvela Molina, que incluso añade que «okupan inmuebles y luego venden las llaves o hacen contratos falsos de alquiler».

Estos empresarios también se encuentran con familias necesitadas, «pero a ellas les ayudamos en todo momento. Tenemos muy claro que trabajamos con personas y las hay que están pasando un mal momento, aunque también es cierto que esa ocupación genera, en muchas ocasiones, un quebranto al propietario que tiene como única fuente de financiación el alquiler del inmueble. Por eso insistimos en la mediación».

¿Es caro contratar este servicio? «Depende del tipo de problema que tenga el cliente, si es de larga duración, del tiempo que tardemos en desalojar, de las personas que hayan dentro... El proceso judicial es de nueve meses mínimo y nosotros en el 100% de los casos resolvemos esta cuestión en mucho menos tiempo».