Mabel Mark -que sufriera heridas graves después de que alguien rociara su cara y cuerpo con ácido-, negó ayer lunes todas las acusaciones que apuntan a que dirigía una trama que se dedicaba a traer a mujeres de Nigeria a Gran Canaria para prostituirlas.
La acusada, que junto a Dorcas Itama, Antonius Guilhelmus Joannes Van Zoogel, Kingsley Ojugberu, Blessing Edoghogho, Kelvin Ojugberu y Eddy Orisie, se enfrentan a penas que van de los 10 a los 28 años de prisión por delitos de delito de trata de seres humanos, prostitución coactiva y falsificación de documento público, no reconoció las conversaciones que grabó la policía en la que, presuntamente, organizaba las actividades delictivas junto al resto de los procesados.
Mabel insistió durante su interrogatorio en que las acusaciones que se vertían contra ella estaban totalmente alejadas de la realidad y detalló incluso que no obligaba a la prostitución, sino que al contrario, trabajaba para una organización sin ánimo de lucro que prestaba ayuda a sus compatriotas nigerianas. «Nunca traje a personas de Nigeria para prostituirse, nunca. Siempre luché desde que entré a este país para que ellas no pasarán lo que yo, nunca la gente que ha estado conmigo se dedicó a la prostitución. Todo el mundo me conoce», exclamó Mabel, que conserva las cicatrices de ataque con ácido que sufrió en junio de 2013.
También negó que amenazara con hacerles «vudú o brujería para que ejercieran la prostitución para yo ganar dinero. No recuerdo una conversación en la que decía de hacerles brujería», sostuvo ante la insistencia de la fiscal Teseida García.
Siempre que la representante de Ministerio Público le detallaba alguna de las transcripciones de sus conversaciones que realizó la policía durante el tiempo que estuvo investigándola, las negó argumentando que no «habían entendido bien lo que había dicho. Lo interpretaron mal», todo ello a pesar de que -presuntamente- le incriminaban.
En este primer día del juicio también declararon más acusados, que también negaron la presunta comisión de los hechos por los que se sientan en el banquillo.
Hay que destacar que en el trámite de cuestiones previas, las defensas interesaron la nulidad de las actuaciones al entender que el oficio que emitió el juzgado de instrucción para autorizar el pinchazo de los teléfonos de los acusados, lo realizaron sin fundamento y no estaba basado en datos objetivos, dijo una de las letradas. «El auto de 4 de abril de 2016 incurrió en un error en su fundamentación sacrificando los derechos fundamentales de los acusados», expusieron los letrados al tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya. Por su parte, la fiscal Teseida García se opuso poniendo de manifiesto que «hubo una previa investigación importante realizada por la policía que dio lugar a la petición de intervención telefónica. Fue una medida proporcional y excepcional», destacó.
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