Limpieza fue el área con mayor nivel de gasto sin fiscalización previa en 2022

«La mayor parte de las omisiones de fiscalización concluyen la existencia de causa de nulidad en la contratación administrativa», recoge el documento que pasó por sesión plenaria este viernes.

«En el caso de los encargos a medios propios, se trata de encargos realizados a la empresa municipal Geursa (la sociedad municipal de gestión urbanística) sin tramitación de procedimiento, o realizados fuera de los plazos de los encargos», advierte también el informe.

El hecho de que no exista fiscalización previa no supone que se cometa ninguna ilegalidad, sino que obliga a seguir otros procedimientos que también contempla la ley. Por eso, cuando hay contratos en nulidad porque el gobierno ha sido incapaz de sacar adelante la contratación del servicio, una vez extinto el contrato anterior, el procedimiento de reconocimiento de facturas y sus pagos se demora más de lo que es habitual.

El servicio de Limpieza es el que mayor nivel de gasto sin fiscalización presenta con 5,7 millones de euros en seis expedientes. Le siguen, por este orden, Servicios Sociales (3,82 millones y cinco expedientes); Urbanismo, con 3,67 millones y 7 expedientes; Vías y Obras, 3,61 millones y 7 expedientes; Ciudad de Mar, con 4,31 millones y 7 expedientes; Patrimonio, con 269.386, 23 euros y siete expedientes; Nuevas Tecnologías, con 68.884,84 euros y dos expedientes; Policía Local, con 43.438,02 euros y 12 expedientes; Presidencia, con 39.181,7 euros y 1 expediente; un distrito, con 16.077,06 euros y 5 expedientes; la Oficina de Atención Ciudadana, por 9.103,02 euros en un expediente; la Oficina de Gestión Tributaria, por 6.371,25 euros en un expediente; la Asesoría Jurídica, con 5.234,58 euros en dos expedientes; Educación, con 4.317,6 euros en un expediente; Cultura, con 3.708,4 euros en un expediente; Recursos Humanos, con 3.683,53 euros en cuatro expedientes; Participación Ciudadana, con 457,86 euros en un expediente; el Instituto Municipal de Deportes, con 138.847,2 euros en dos expedientes; el Instituto Municipal de Empleo y Formación, con 89.095,55 euros en cuatro expedientes; y la Agencia Local Gestora de la Energía, con 6.000 euros en un expediente.

Los informes emitidos durante el año 2022 relacionados con expedientes sin fiscalización previa y en nulidad ascienden a 322, un 20% más que en el ejercicio 2021.

El concejal del área Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, anunció un paquete de medidas para modernizar la administración que «van más allá del informe de Intervención».

Entre estas se encuentran la implantación de varios sistemas de mejora para la digitalización y tramitación electrónica de los expedientes, cuya licitación está en curso; para la contratación pública; para la gestión y justificación de las subvenciones municipales, así como de los instrumentos de financiación de los entes públicos del Consistorio, según informó el grupo de gobierno a través de una nota de prensa.

Además, se implantarán sistemas de mejora de la tesorería de la entidad local para el cumplimiento del Periodo Medio de Pago legalmente establecido y de lo contencioso y de la ejecución de sentencias, prosigue el comunicado oficial.

El edil también informó del refuerzo en materia de personal en la Intervención General, con dos trabajadores más en octubre, y recordó que solo hubo reparo en 17 expedientes.

El informe arroja, entre otros datos, que en la base de datos de la Intervención General se ha emitido informe favorable del 87% de los expedientes que se intervienen, mientras el 13% son devueltos a los centros gestores para su revisión.

El concejal del PP Diego López mostró su preocupación por el hecho de que la cuantía principal de los gastos sin fiscalización procedan del servicio de Limpieza, «que es uno de los que más quejas recibe de la ciudadanía». También alertó del aumento de la cuenta 413, que es donde se acumulan las facturas que no tienen consignación presupuestaria.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, criticó la falta de medios humanos y materiales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que repercute en el servicio que se preste a los ciudadanos. «Aprovechen estos cuatro años para poner en marcha todos esos procesos selectivos porque solo hay 22 puestos de administrativos en curso, pero hay muchas carencias de personal en el Ayuntamiento», les animó.