Los funcionarios de Justicia de Canarias se suman a la huelga

En Canarias, el seguimiento de este primero parón ha sido «mayoritario», como así manifestaron los representantes sindicales. En las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, Vanessa Brión García –de UGT– y Luis Suárez –de STAJ– se lamentaron del perjuicio que esta huelga puede ocasionar al ciudadano puesto que «ya existe un retraso de dos meses de trabajo debido a la anterior huelga de letrados y ahora todo se ralentizará porque pararemos tres horas al día y, por ejemplo, si viene gente 10 a 13.00 horas, no los podremos atender. Es una pena por el daño que causaremos al ciudadano, pero es algo que debemos de hacer porque nos han obligado a llegar a este punto», expusieron en compañía del resto de representantes sindicales.

Las consecuencias de esta ausencia de negociación por parte del Ejecutivo, se traduce en un nuevo perjuicio para el ciudadano: «En los juzgados sociales están señalando para finales de 2024 y con este parón , nos iremos para 2025 en casos que tratan salarios, indemnizaciones, gente que ha sido despedida injustamente y que reclaman, personas que no tienen medios. Es triste que ocurra esto, pero nosotros seguiremos defendiendo nuestros derechos», narraron.

«No es algo que surja como consecuencia del acuerdo con los LAJ, para nada, no solo exigimos retribuciones, sino que se nos respete nuestro derecho a la negociación colectiva», añadieron.

Bajo su punto de vista, la negociación será lenta porque «el Ministerio se hará el remolón pero tiene que sentarse a negociar. De no ser así, la Justicia se hundirá y no será por culpa de sus trabajadores, porque reivindicamos desde hace muchos años algo que es legítimo y está planteado dentro del sentido común. Que respeten nuestros derechos y a los ciudadanos».

Los paros se han sentido en instancias judiciales de todo el país: juzgados de guardia, de lo Social, de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria; registros civiles, audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, enumeran.

El seguimiento ha sido desigual en las distintas comunidades. En Galicia, por ejemplo, los sindicatos lo han cifrado en el 30% y la Xunta en el 1,1%, mientras que Castilla y León los convocantes han situado la participación en el 80% y en el País Vasco, en el 60%.

Los paros, previstos todos los días entre las diez y la una de la tarde, seguirán de forma indefinida y, además, el miércoles habrá una huelga general y una manifestación en Madrid que partirá del Ministerio de Justicia, aunque en Canarias se realizarán concentraciones delante de todas las sedes judiciales.

Por otra parte, el Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALPA), ante las reivindicaciones de los letrados adscritos al turno de oficio, comunicó que reconocían «la falta de unas retribuciones dignas y actualizadas».

Añaden que estos profesionales «realizan una serie de servicios, como todas las actuaciones judiciales que concluyen con sobreseimiento, las ejecuciones civiles y ejecutorias, que no son remuneradas, y ello debe ser subsanado de inmediato, estableciendo una remuneración adecuada a todas y cada una de las actuaciones profesionales que se realicen».

Por todo ello, el Colegio «apoyará las reivindicaciones» que realicen los abogados adscritos al turno de oficio «siempre dentro del marco de la más absoluta legalidad».