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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria contra la sentencia de 16 de diciembre de 2022 -rectificada en un Auto de 3 de febrero de 2023-, que declaraba la «inactividad» de la administración local a los requerimientos presentados por tres vecinos demandantes, en 2019 y 2020, que le ordenaba «adoptar las medidas para evitar o impedir la producción de ruido por encina de la los niveles permitidos en sus viviendas» en la zona de Joaquín Costa y Fernando Guanarteme. Además, fijaba una indemnización de 3.000 euros para cada afectado.
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El TSJC argumenta su decisión -contra la que cabe recurso de casación- en «la más que palmaria relación que esta controversia tiene con la resulta en estas misma Sala y Sección» en sentencia de 6 de julio de 2022 «y completada por Auto de 9 de septiembre de 2022 (sentencia que adquirió firmeza tras la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Providencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de junio de 2023». Pues las viviendas de quienes «invocan la vulneración de determinados fundamentales por la emisión de ruidos procedentes de locales y terrazas» que «superan los niveles permitidos legalmente, se sitúan, también, en el entorno de las calles Fernando Guanarteme y Joaquín Costa».
El TSJC recoge que «no consta que el Ayuntamiento haya realizado alguna actuación tendente valorar la saturación acústica de la zona y a reducir las emisiones de ruidos».
Los vecinos demandantes entienden que la «Justicia nos vuelve a dar la razón».
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