La Justicia en Canarias se adapta a la reforma de la legislación para las personas con discapacidad
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La Dirección General trabaja en proyectos para personas que padezcan Asperger, algún tipo de sordera o que estén ostomizadas
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia trabaja de forma decidida para adaptar sus edificios judiciales a las normativas que traerá consigo la Ley 8/2021 que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre. La misma reformará la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, por lo que el archipiélago quiere adelantarse implantando sistemas para, por ejemplo, ayudar a colectivos con sordera, síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista y a las personas ostomizadas.
Esta ley es una apuesta para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad tengan más apoyo en su desempeño por los espacios judiciales y así se beneficien de la modificación legal que amplía a la parte procesal civil lo que ya existía en gran medida en la penal. De esta forma, la Dirección General canaria pretende hacer más accesible la Administración de Justicia y sus edificios oficiales.
El Ejecutivo implementará medidas en los espacios judiciales, adecuando los servicios para personas con alguna discapacidad
Por una parte, los técnicos del área dirigida por Marta Bonnet están trabajando en un convenio con la fundación Aspercan –que da apoyo a las personas con síndrome de Asperger– para pictografiar los edificios judiciales. De esta forma, van a realizar pictogramas para que las personas que tienen Asperger o cualquier trastorno de espectro autista, se sientan más cómodos cuando van al juzgado, entiendan dónde están y no tengan el estrés propio que entraña estar en estas circunstancias.
Este proyecto no tendrá un coste económico para la Administración sino la misma cederá sus edificios para la adaptación aprovechando el convenio que tiene firmada la Fundación Disa con Aspercan y que se hará extensivo a los juzgados.
Sistema SVIsual
Mientras, en septiembre, al margen de esta reforma de la ley, la Dirección General va a implantar el sistema SVIsual para personas sordas o con discapacidad auditiva en los juzgados de guardia de toda Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Santa cruz de Tenerife y Arona). El mismo consiste en que cuando esta persona va al juzgado y no lo hace acompañada de un intérprete, se conectará con dos pantallas que contarán con un especialista en el lenguaje de signos de guardia las 24 horas del día como ya hace, por ejemplo, la Policía Nacional.
Los responsables de la Administración están aprovechando el mes inhábil de agosto para ver las soluciones técnicas que van a implementar.
Este contrato empezará en septiembre, tendrá una duración de un año y un coste de 5.000 euros que podría ampliarse en un futuro a otros órganos judiciales.
Baños adaptados
También van a adaptar los baños, no solo a las personas con movilidad reducida, sino también a las que están ostomizadas, es decir, aquellas que han tenido que ser operadas para crearles un orificio en el abdomen por donde dar salida a la orina o a las heces y que deben recogerse en una bolsa adaptada al cuerpo. Las mismas han padecido enfermedades como el cáncer de colon, de recto, diverticulitis con peritonitis intensa, infartos intestinales, traumatismos graves de accidentes, problemas anales complejos, tumores complejos del ano, colitis ulcerosa complicada y crohn.
Muchas de las personas que sufren esta complicación desisten incluso de salir de sus casas y de tener una vida social activa pues se preocupan de cómo vaciar sus bolsas en los aseos públicos, por lo que la Justicia va a adaptar, como experiencia piloto, los baños de los nuevos juzgados mercantiles de Santa Cruz de Tenerife que están en obras para luego hacerlo en el resto de los edificios judiciales de la comunidad.
Esta apuesta pionera en la capital tinerfeña tiene un coste de 20.000 euros para las arcas del Gobierno de Canarias.
Un mediador comunicativo para las personas que padezcan sordera
En la misma línea de seguir adaptando el complejo sistema judicial de las islas a las nuevas normativas, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia está trabajando en otro proyecto de ayuda a las personas sordas para que se les incluya la figura de los mediadores comunicativos cuando solicitan la asistencia letrada gratuita.
Según fuentes del Ejecutivo, la idea es incluir en el próximo presupuesto una línea de subvención porque a las personas sordas, cuando piden asistencia jurídica gratuita, se les facilita el abogado de oficio pero el intérprete lo tenían que pagar ellos. A raíz de esta circunstancia, las asociaciones articularon los mecanismos oportunos para hacer frente a estos gastos, pero lo que quiere ejecutar ahora el área dirigida por Marta Bonnet es incluir en ese servicio al mediador comunicativo. Esta figura es la que hace las veces del intérprete pero convirtiendo el lenguaje técnico jurídico en uno de fácil comprensión por parte de la persona con algún tipo de sordera.
El Ejecutivo pretende introducir una línea de subvención junto a la asistencia jurídica gratuita hacia las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en esta materia para que, cuando haya una necesidad de este tipo, no tengan que hacer peripecias sino se les abone el coste total de la asistencia con el mediador.
Este proyecto irá dentro de los presupuestos del ejercicio 2022.
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