Justicia ágil, cercana y eficiente, objetivos de los aspirantes a presidir la Audiencia
Díaz, Morales y Parramón exponen ante el CGPJ sus diferentes propuestas para modernizar y descongestionar el órgano judicial provincial
La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebró este martes las comparecencias de los magistrados María Auxiliadora Díaz Velázquez, José Antonio Morales Mateo y Miguel Ángel Parramón i Bregolat, quienes optan a la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En sus intervenciones, cada aspirante presentó un plan de gestión detallado centrado en modernizar el funcionamiento del órgano, atender los altos niveles de litigiosidad y acercar la Administración de Justicia a la ciudadanía.
«Caminamos hacia una Audiencia Provincial del siglo XXI: eficiente en su gestión, innovadora en sus herramientas, transparente en su gobierno y, por encima de todo, humana en su trato», señaló Díaz Velázquez.
Morales Mateo planteó como objetivo inmediato «fomentar la unificación de criterios jurisdiccionales entre las distintas secciones, convocando juntas de magistrados al efecto».
Por su parte, Parramón i Bregolat subrayó la necesidad de «promover una justicia más eficaz y, de otro lado, una justicia que ofrezca unas respuestas más adaptadas o lo más adaptadas posible a las necesidades de la ciudadanía».
Con perspectiva de género
María Auxiliadora Díaz Velázquez centró su plan en varios ejes de actuación: refuerzo inmediato de la planta judicial mediante la creación de hasta cinco plazas nuevas -entre dos o tres en lo civil y hasta dos en lo penal, especialmente para reforzar la sección de violencia de género-; impulso a los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), como mediación y conciliación, especialmente en civil y mercantil; la creación de una sección especializada en Infancia y Adolescencia o, en su defecto, la asignación estable a una sección penal para asegurar unidad de criterios; la implantación total del expediente digital, con trazabilidad mediante códigos QR y un sistema de reparto automatizado; el fortalecimiento de la presencialidad judicial en las islas no capitalinas, con sesiones periódicas cada 15 días y la constitución de una red de formación continua para magistrados centrada en buenas prácticas y perspectiva de género en todas las jurisdicciones.
Díaz Velázquez enmarcó estas medidas en la futura Ley de Eficiencia Organizativa, con el objetivo de lograr una justicia «más rápida, predecible y accesible».
Aliviar la sobrecarga
José Antonio Morales Mateo, con más de tres décadas de carrera judicial en Canarias, destacó como prioridad inmediata la sobrecarga en las secciones civiles, donde el índice de entrada supera el 300% del módulo de referencia. Propuso la creación de una cuarta sección civil o, alternativamente, reforzar las actuales con un magistrado más cada una, subdividiéndolas en dos ternas para aumentar eficiencia. En lo penal, defendió la creación de una nueva plaza de magistrado.
También apostó por implantar el nuevo modelo organizativo derivado de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en coordinación con los jueces decanos y la Administración. Propuso establecer un servicio provincial de mediación intrajudicial en segunda instancia y, en lo penal, desarrollar un protocolo de conformidades.
Morales Mateo también defendió el impulso del expediente judicial electrónico, la modernización tecnológica, la mejora del entorno laboral de los jueces, y un esfuerzo por «intensificar las relaciones institucionales» y la comunicación con la sociedad.
Especialización
Parramón i Bregolat estructuró sus propuestas en torno a la eficacia organizativa y la adaptación de la justicia a las necesidades reales del territorio. Planteó la convocatoria sistemática de plenos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para coordinar el trabajo entre secciones, y visitas periódicas a los partidos judiciales para reforzar el vínculo con el territorio. Propuso crear servicios comunes para ejecutorias penales y para la tramitación de procedimientos del Tribunal del Jurado, dada su complejidad y especificidad.
En el ámbito civil, propuso servicios especializados para asuntos de familia, discapacidad y vivienda, para garantizar celeridad y sensibilidad. Reclamó un protocolo de digitalización común y la necesidad urgente de nuevas unidades judiciales, mientras se aplican medidas temporales como comisiones de servicio con relevación de funciones permanentes. También propuso la creación de la especialización en violencia contra la infancia y adolescencia en la Audiencia Provincial, a partir del juzgado de instrucción especializado ya existente en Las Palmas y que la sección sea la Primera que él preside puesto que es la que trata los asuntos de menores.
Cerró su intervención proponiendo un papel más activo de la presidencia en la comunicación con la sociedad civil y los operadores jurídicos.
Estas tres propuestas serán valoradas ahora por la Comisión de Calificación del CGPJ, que elaborará un informe a elevar al Pleno, el cual tomará la decisión final sobre quién ocupará la presidencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sustitución de Emilio Moya Valdés. Todo ello en un contexto de alta litigiosidad y urgencia por reformas que mejoren la eficiencia y cercanía del sistema judicial.
