Mabel Mark, una de las acusadas. / C7

Al juicio por obligarlas a prostituirse y amenazarlas con vudú

Los acusados se enfrentan a penas de entre 10 y 28 años. A una de las procesadas le rociaron todo el cuerpo con ácido

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria.

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a partir de este lunes a una banda que traía a mujeres desde Nigeria a Gran Canaria para que ejercieran la prostitución, mientras las amenazaban con prácticas de vudú para que no cesaran esa actividad y les dieran todo el dinero que ganaban.

Los acusados de esta trama son los procesados Mabel Mark –que sufriera heridas graves después de que alguien rociara su cara y cuerpo con ácido–, Dorcas Itama, Antonius Guilhelmus Joannes Van Zoogel, Kingsley Ojugberu, Blessing Edoghogho, Kelvin Ojugberu y Eddy Orisie, quienes se enfrentan a penas que van de los 10 a los 28 años de prisión por delitos de delito de trata de seres humanos, prostitución coactiva y falsificación de documento público.

La investigación la llevó a cabo la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana. Comprobaron que ciudadanos nigerianos, entre los años 2009 y 2015, se dedicaron a captar mujeres en su país «con la promesa de un trabajo digno en España», según la Fiscalía. Una vez en nuestro país, se aprovechaban de la «situación de necesidad en que se encontraban tales mujeres» y, mediante amenazas de causarles algún mal a las mismas o a sus familiares mediante vudú, les obligaron a ejercer la prostitución.

Para conseguir su propósito, primero debían facilitar la llegada de las mujeres nigerianas a España bajo la promesa de buscarles un trabajo, pero las sometían a juramentos o ritos de vudú para obligarles a abonar los gastos derivados del viaje a España, que pagaba el captador. Una vez que llegaban a Gran Canaria, se alojaban en casas de los acusados durante el tiempo que debían ejercer la prostitución.

Para garantizar su explotación sexual, los procesados «no dudaban en ejercer cualquier clase de amenazas, coacciones, violencia física, sexual o psicológica sobre aquellas, sin que estas denunciaran ninguna de estas agresiones, pues eran conscientes de que ello implicaría un riesgo para su vida o la de sus familiares».

Los investigadores descubrieron como, a una de las víctimas, la forzaron a practicar un juramento en el cual tuvo que tragarse el corazón de una gallina muerta, otra fue objeto de agresiones físicas y sexuales por parte de varias personas que se encargaban de vigilarla, también le propinaron a otra chica en diversas ocasiones golpes en la cabeza, mientras que a otra de las testigos protegidos la violaron en varias ocasiones a pesar de que se encontraba embarazada.