Una jueza multa al alcalde con 150 euros al mes porque la ciudad no pagó 100 euros de costas

El origen del auto que condena al alcalde como máximo responsable de la administración hay que situarlo en el sábado 9 de marzo de 2019. Ese día, un taxista estaciona su vehículo al final de la parada de taxis del hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín para «atender una necesidad fisiológica de carácter urgente».

Tras volver de los baños del hospital, «se encontró con un boletín de denuncia que le había extendido un agente de la Policía Local por abandonar el vehículo auto-taxi en una parada el conductor sin causa justificada».

El Ayuntamiento entendía que se había producido una infracción grave, tipificada con una sanción de 2.001 euros. Sin embargo, el abogado del taxista, Rubén Pérez Naranjo, defendió que los hechos solo suponían un «estacionamiento indebido», un argumento que compartió el juzgado.

Por este motivo, la magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, Esperanza Ramírez, determinó la nulidad del acto y fijó el pago de cien euros en concepto de costas a la administración en un auto dictado el 28 de julio de 2020.

Sin embargo, el Consistorio no pagó los cien euros, lo que originó una demanda de ejecución por parte de la representación legal del taxista. El 5 de marzo de 2021 se incoó la ejecución, pero el Ayuntamiento no pagó amparándose «única y exclusivamente en la falta de personal».

Desde el Ayuntamiento se restó ayer trascendencia al hecho de que la propuesta de sanción se dirija al alcalde y se explica por que es la figura que encabeza la administración.

«Ha sido un problema puntual de falta de personal en el servicio de Tráfico que ya está solventado y en las próximas semanas se va a abonar y se solucionará», indicaron las fuentes consultadas por este periódico.

El auto judicial, que no será recurrido por la administración, señalaba que la falta de personal no puede justificar una demora de más de un año en el pago de los cien euros. «No se considera que la falta de personal sea motivo para excusar a una Administración, y en concreto a su máximo responsable, el alcalde, del cumplimiento de las resoluciones a que estuviere obligado cumplir, entiendo en cuenta el tiempo transcurrido y la cantidad reclamada», dicta la magistrada.

El segundo auto sancionador, notificado dos días después, no se dirige de manera directa al alcalde, sino a la Corporación.

En este caso, el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5, Ángel Teba García, impone una multa de mil euros cada veinte días hasta que el Ayuntamiento remita a la empresa API Movilidad el expediente administrativo relativo al impago de facturas pendientes de pago por el servicio de conservación y mantenimiento de la señalización, marcas viales y elementos de seguridad vial de la ciudad.

La empresa solicitó al juzgado, en septiembre de 2021, que reclamase el expediente a la administración para poder formular la correspondiente demanda.

Como el Ayuntamiento no lo hacía, el 25 de marzo de 2022, el juzgado acordó la apertura de una pieza separada para la imposición de una sanción.

El 13 de abril, la Corporación presentó alegaciones para que no se dirigiera la sanción personalmente a la nueva jefa de Tráfico, quien había tomado posesión de su cargo el 2 de marzo.

«El mismo escrito pone de relieve la responsabilidad del Ayuntamiento por la deficiente gestión de sus recursos humanos, que aboca al incumplimiento sistemático de su obligación de remitir en plazo el expediente administrativo», sentencia el juez.

Desde el área de Movilidad se explicó que el origen del problema había estado en un vacío como consecuencia de que se acabaron las comisiones de servicio del jefe del servicio y de la jefa de sección y se produjo un retraso en su sustitución. «No había personal habilitado para gestionar este tipo de asuntos ni dar respuesta a las solicitudes del juzgado», explicaron.

Añadieron que fue un problema puntual que no había sucedido antes y que ahora, tras cubrir estos puestos, se está trabajando «de manera intensa y prioritaria en solventar estos asuntos».

También se negó que se fuera a plantear recurso alguno contra el auto que impone la multa y se informó de que se va a enviar el expediente cuanto antes. «Se está trabajando en ordenarlo para enviarlo», aclararon las fuentes del Consistorio capitalino.