El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
El juzgado concede Costas un plazo de dos meses para ejercitar la acción que fue acordada por el Ministerio en septiembre de 2024
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido la autorización de entrada en el búnker del Confital que ocupa un marinero jubilado desde hace más de un año. El auto, contra el que cabe la interposición de un recurso de apelación, da un periodo de dos meses a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permite el acceso a la construcción militar «para la recuperación posesoria».
El auto judicial, emitido el pasado 23 de julio, confirma la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico por la que se autorizaba, en septiembre de 2024, la obtención del inmueble ocupado.
EN DETALLE
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El paisaje protegido de La Isleta ocupa una superficie de 462,49 hectáreas. Es ahí donde se encuentran los búnkeres cuyo uso trata de recuperar la Demarcación de Costas de Canarias.
En la zona del Confital existen varios búnkeres y dos pequeñas casamatas que fueron construidos entre los años 1941 y 1945, según ha documentado el arqueólogo e historiador especializado en arqueología militar Artemi Alejando, cuyos trabajos han resultado esenciales en las propuestas de protección de la Batería de San Juan o en la puesta en valor de otras estructuras defensivas de Las Palmas de Gran Canaria, como los búnkeres de La Minilla o de Bandama.
Se trata de construcciones que fueron proyectadas durante el Franquismo, en un momento en que la dictadura se planteó la participación de España en la Segunda Guerra Mundial ante la posibilidad de que Reino Unido invadiera el archipiélago. Artemi Alejandro refiere que estas fortificaciones formaban parte de la «inversión económica militar más importante de la historia de Canarias».
Tras quedar abandonados, y despojados del uso militar, los búnkeres fueron utilizados por pescadores de La Isleta, quienes los utilizaron como almacenes para sus aparejos de pesca, en las décadas de los 50 y los 60; y en los años siguientes, llegaron a albergar bares y viviendas.
Dieciocho años de lucha
La recuperación de estos puntos históricos defensivos es un empeño en el que la Demarcación de Costas de Canarias lleva trabajando desde hace ya casi ocho años.
En el auto que acaba de emitir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda que en diciembre de 2007 ya se inició un expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre, en este caso a una ciudadana que ocupaba una de las casamatas, que medía unos 40 metros cuadrados.
En aquel caso, en febrero de 2008 se acordó la recuperación del inmueble, pero en marzo de 2008 la ocupante interpuso un recurso de alzada que finalmente fue desestimado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en marzo de 2009. Esta pugna se elevó finalmente en los tribunales: la ocupante planteó un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero luego desistió.
En el último caso de ocupación de un búnker, el que motiva la emisión del actual auto judicial, se trata de un nido de ametralladoras que tiene una superficie de 32,6 metros cuadrados y que está ubicado en zona de dominio público marítimo-terrestre, en el deslinde de Puerta Gorda-Morro Pulpo.
Diferentes colectivos de La Isleta y conocedores de la costa del Confital, como el guía Juan Manuel Rodríguez, que han denunciado la alteración de las construcciones originales por parte de las personas que han venido ocupando estas casamatas, con alteración del patrimonio púbico, del acervo histórico y de los valores naturales del último enclave virgen de la costa de Las Palmas de Gran Canaria.
El uso como vivienda choca con los valores del paisaje protegido.
