El magistrado instructor del conocido como caso Catastro, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los únicos tres acusados y ha decretado el archivo de la causa respecto a las otra doce personas que también fueron objeto de investigación.
En concreto, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, ha declarado abierto el juicio oral contra Jesús O.M., Santiago Ramón M.M. y José María C.F., mientras que ha sobreseído las actuaciones respecto de Neftalí Q.T., Eblin Emilia R.C., Ingrid Lorena M.S., Álvaro Pino M.P., Yesenia María G.M., Cathaysa María G.M., Luz María M.E., María Dolores M.R., Juan Carlos G.L., José Luis P.L., Pedro Eugenio B.T. y Rafael R.P. A estas últimas personas, el juez determinó que era «procedente alzar las medidas cautelares» que había dictado.
Por contra, ordenó que se requiriera al acusado Santiago Ramón M.M. para que prestara una fianza de 25.300 euros, «para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas», dispuso en el auto.
Presuntamente, usurpaban propiedades inmuebles, bien para incorporarlas a su patrimonio o para venderlas a terceros
Este caso Catastro nació gracias a la investigación llevada a cabo por parte del equipo de Patrimonio de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil. La misma tenía como principal responsable al investigado Jesús O.M., que era funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas de Gran Canaria y había –supuestamente– tramitado «alteraciones catastrales incumpliendo los requisitos legales y procedimentales», además de que pudo haber aceptado «documentos falsos», todo ello al objeto de arrebatar la titularidad de fincas a terceras personas.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide una condena total para el funcionario Jesús O.M. de 14 años, 12.640 euros de multa y su inhabilitación especial para empleo, cargo público y/o para trabajar como funcionario del Catastro por tiempo de seis años, por la comisión supuesta de los delitos de falsificación en documento público en concurso con delito de prevaricación, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Por su parte, al empresario Santiago Ramón M.M. le pide 17 años de cárcel, multa de 12.640 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por seis años y para ejercer su profesión o industria durante otros tres por estafa, falsificación continuada en documento público en concurso con prevaricación, estafa, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.
Por último, para el gestor José María C.F., el fiscal interesa una pena de nueve años y once meses de prisión, y 4.000 euros de multa por los mismos delitos que a Santiago Ramón M.M.
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