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Las personas afectadas por las expropiaciones de viviendas que contempla el Plan Especial de Regeneración y Conservación San Juan-San José estaban convocadas a tomar parte en una manifestación que debía desarrollarse el próximo viernes, día 16, desde el paseo de San José a la plaza de Santa Ana. Una cita que ahora se suspende como «gesto de buena fe» ante lo que la Asociación de Vecinos del Barrio de San José considera una nueva vía de negociación que se abre con el área de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino, a través de Geursa.
Así lo comunicó el presidente de la entidad vecinal del barrio, Chano Alemán, en la asamblea vecinal celebrada en la tarde de este viernes en la plaza Antonio Melián, junto a la Casa Amarilla. Allí, el portavoz de la entidad impulsora de la acción de protesta, expuso a los asistentes que esta decisión se toma ante la nueva actitud que entiende muestra el Consistorio.
Alemán explicó ayer que si bien no se puede hablar de «anular» el plan inicial, que se encuentra en fase de exposición pública, «sí que tenemos pactado con el Ayuntamiento una prórroga de dos meses y que si se tiene que hacer otra se hará. Y así tantas veces como sea necesario y se rehaga el plan hasta que se recoja lo que los vecinos queremos».
Añadió que el objetivo de los residentes es «hacer un plan sin tanta afectación y no como ellos lo habían diseñado». Así, expuso que ven posible que «de las 112 expropiaciones que nosotros habíamos contemplado, al final pueden ser, de forma inamovible, unas tres o cuatro».
Alemán aseguró que «la idea es negociar cuantas veces sea necesario» y considera «una victoria» el haber logrado «que nos escucharan», Y es que dijo que tras la reunión que mantuvieron este lunes para acercar posturas, «ya el martes un representante nuestro, que es ingeniero, ya estaba reunido» con personal de Geursa.
Alemán expuso que la decisión de suspender la manifestación no implica «bajar la guardia» sino que las partes realizan un «acto de buena fe» de una para con la otra. «Ellos modifican el plan y nosotros suspendemos la manifestación», indicó.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, matizó este viernes que «no es que se vaya a hacer un nuevo plan» sino que se trata del mismo documento que, «como siempre hacemos, se está estudiando vecino por vecino, a través de una serie de reuniones, de técnicos con vecinos».
Explicó que «el plan se encuentra en aprobación inicial» y que lo que se va a hacer es «ampliar el plazo de alegaciones, que termina el 1 de octubre», hasta el 30 de ese mes, para «intentar llegar al mayor acuerdo posible con los propietarios».
Pues recalcó que «esto no es con vecinos, es con propietarios, que son los afectados», y que «una vez hecho ese trámite, se aprobará el plan».
Además, avanzó que «la resolución con la ampliación de plazo» saldrá «la semana que viene», pues debe aprobarla «la Junta de Gobierno».
Doreste señaló que «si suspendemos el plan o lo anulamos, automáticamente entra el plan anterior, el del año 93, que es mucho peor». Pues «afectaba a 267 parcelas de las cuales 163 eran viviendas» y «el plan nuevo afecta a 93 parcelas de las que 67 son viviendas». Recordó que este documento surge del proceso 'Barrios Pendientes', en el que los residentes expusieron sus problemas de accesibilidad.
En cualquier caso, dijo, «estamos haciendo reuniones periódicas con los vecinos y los propietarios» para «seguir explicando las cosas una por una». Y que debido a que la agenda de reuniones previstas con los afectados para septiembre estaba llena, se amplia el periodo.
Añadió que una vez se cierre, «se recogen las alegaciones, se estudian, procesan, y se meten unas en el plan y otras no». «La idea es construir un gran consenso», dijo.
Doreste reconoció que algunas de las propiedades ahora afectadas podrían quedar fuera, «asumiendo» los vecinos «consecuencias» como que «no pueda entrar un coche fúnebre o una ambulancia a atender una persona».
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