El Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna ha abierto diligencias contra un jefe de sección del servicio de cirugía del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, por su presunta implicación en un caso de acoso y agresión sexual contra una médica adjunta del mismo centro médico. La investigación se encuentra en fase de instrucción tras la denuncia presentada por la facultativa ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, y ha derivado en la adopción de medidas cautelares por parte de la autoridad judicial para proteger a la perjudicada.
Los hechos objeto de investigación se habrían producido por parte -presuntamente- del jefe de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante de este centro durante un periodo de más de dos años, entre enero de 2023 y enero de 2025, y tendrían lugar en el entorno laboral directo de ambos profesionales. Según fuentes de la investigación, la facultativa denunciante prestó declaración el pasado 12 de marzo ante la Policía Nacional y, al día siguiente, comunicó por escrito a la dirección del servicio clínico su situación, solicitando la adopción inmediata de medidas de protección y la activación del protocolo interno de actuación frente al acoso sexual.
La perjudicada pidió sin respuesta a la dirección del centro garantías de que no tendrá contacto o exposición con el cirujano
En la denuncia, la médica relata una situación continuada de acoso en el ámbito laboral que incluiría, según su versión, conductas de carácter sexual explícito, contactos físicos no consentidos, presiones reiteradas y comportamientos que habrían afectado tanto a su dignidad personal como al desarrollo normal de su ejercicio profesional. La afectada declaró, asimismo, haber solicitado en diciembre de 2024 su salida voluntaria de la unidad donde se producían los hechos, hecho que se materializó con su reasignación a otro puesto de menor nivel técnico.
Declaró ante la Policía Nacional
El juzgado instructor, tras recibir el atestado policial, citó al investigado a declarar el pasado 20 de marzo. Como resultado de dicha comparecencia, se dictó un auto que acordó una orden de alejamiento que prohibe cualquier forma de comunicación o contacto entre el investigado y la denunciante, incluyendo expresamente el contacto visual, escrito, verbal o telemático. Esta medida, adoptada como medida cautelar, será vigente mientras se instruya el procedimiento o hasta que se emita una nueva resolución que la sustituya.
La resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico implica, además, la obligación del Hospital Universitario de Canarias de garantizar su cumplimiento, al tratarse del centro de trabajo común de ambas personas implicadas. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear consecuencias legales para la propia institución.
La médica se encuentra actualmente en situación de baja médica, motivada por el impacto psicológico de los hechos y por la ausencia de respuesta institucional tras la denuncia.
Por su parte, el procedimiento judicial continúa en fase de trámite y es ahora el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna el encargado de este procedimiento.
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